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Recientemente, se han difundido titulares alarmantes en redes sociales y medios de comunicación: “EE.UU. podría negar la green card a quienes reciban ayudas del gobierno”. Sin embargo, detrás de estas frases, que parecen diseñadas para generar clics y pánico, se encuentra una realidad más matizada, compleja y menos alarmante, la cual explicaremos a continuación.
Vamos al grano. Efectivamente, las leyes estadounidenses consideran la posibilidad de negar la residencia por «carga pública», pero su aplicación actual es restringida, y sus efectos dependen de diversos factores. En casos como la Ley de Ajuste Cubano, ni siquiera debería aplicarse o discutirse este asunto.
Otro aspecto importante es que la administración Trump está impulsando cambios que buscan endurecer esa interpretación, mientras ciertos sectores políticos y mediáticos aprovechan el miedo a la migración para amplificar el mensaje.
El temor a que se niegue la green card tiene un origen claro: la conocida regla de “public charge” o “carga pública”, un concepto presente en la ley migratoria de EE.UU. desde hace décadas. Este principio permite denegar una visa o una green card si un oficial considera que un solicitante dependerá principalmente de ayudas públicas para subsistir.
El problema surge cuando esta cláusula legal, que cuenta con criterios muy específicos, se simplifica hasta volverse irreconocible. Lo que en su versión actual es un análisis técnico y restringido, muchos titulares lo presentan como una amenaza generalizada: “Si pides ayudas, te niegan la residencia”.
Esto no es cierto. Sin embargo, se asemeja lo suficiente a la realidad como para generar miedo, lo que es precisamente lo que lo hace tan efectivo.
¿Qué dice realmente la ley?
De acuerdo con la normativa vigente, la regla de 2022, aprobada durante la administración Biden, la carga pública se evalúa mediante la “totalidad de las circunstancias”, que incluye factores como ingresos y estabilidad económica, empleo y educación, edad y salud, así como el patrocinio económico, conocido como affidavit.
También es fundamental entender que, en esencia, solo dos tipos de ayudas realmente afectan a los solicitantes. Estas son la asistencia en efectivo para manutención (SSI, TANF y ayudas estatales equivalentes) y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno (asistencia para cuidados a largo plazo en instituciones como asilos de ancianos o centros de salud mental).
Todo lo demás, como programas de alimentos, vivienda, Medicaid en la mayoría de sus formas, becas o servicios de emergencia, no se utiliza para negar green cards.
El “efecto hielo”: el miedo como política migratoria informal
Aun cuando las normas no penalizan el uso de beneficios, el miedo sí lo hace. Durante la primera administración Trump, se presentó una versión más estricta de la regla que amplió la lista de beneficios “penalizados” e instauró un clima de inseguridad que llevó a miles de inmigrantes a renunciar a servicios públicos esenciales: consultas médicas, programas alimentarios, ayudas de vivienda. Y ahora, el temor vuelve a ganar terreno.
Este fenómeno se conoce como “chilling effect”: dejar de utilizar derechos legítimos por miedo a consecuencias migratorias. Aunque la regla estricta fue anulada en 2021, el efecto social todavía persiste.
La nueva campaña mediática sobre “peligros para la green card” reaviva precisamente ese temor. Esta vez, tanto algunos medios como la retórica oficial parecen interesados en amplificarlo.
Es importante señalar que Trump, durante este segundo mandato, ya ha presentado una propuesta para revertir la regla de 2022 y regresar a una interpretación más severa de la carga pública. Entre los elementos que busca reincorporar como factores negativos se incluyen los programas de vivienda, los cupones de alimentos y otras formas de asistencia social.
La intención es clara: utilizar nuevamente la carga pública como un filtro socioeconómico, aunque la regla aún no está en vigor.
¿Y los cubanos? El caso especial que pocos explican bien
Para la comunidad cubana, la situación cuenta con una protección adicional: la Ley de Ajuste Cubano (CAA). Según esta ley, aquellos que solicitan la residencia a través de este camino no están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública.
En la práctica, algunos abogados y activistas temen que la nueva orientación política busque debilitar esa protección mediante interpretaciones amplias de otros factores, especialmente aquellos relacionados con la salud, ingresos, uso del sistema hospitalario y solvencia económica del patrocinador. Sin embargo, esto es algo que aún está por verse, y la Ley de Ajuste Cubano sigue en vigor.
Mientras tanto, titulares alarmistas en medios y redes refuerzan la percepción de que “ningún cubano está a salvo”, aun cuando la norma técnica indica lo contrario. En un contexto de polarización, cambios normativos y tensiones migratorias, la desinformación, ya sea intencional o no, puede tener consecuencias reales: personas que evitan acceder a atención médica, familias que rechazan beneficios escolares, inmigrantes que viven paralizados por miedo a perder un estatus que la ley realmente protege.
