Foto: Cuba Noticias 360
El exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua, además de 20 años adicionales por otros delitos, según informaron diversos medios que tienen acceso a fuentes relacionadas con el proceso judicial.
La condena se materializa tras varios meses de investigación y dos juicios realizados bajo estricta reserva, sin la presencia de prensa ni observadores externos.
Según la información divulgada, Gil enfrentó acusaciones de espionaje, corrupción, soborno, falsificación de documentos, evasión fiscal, lavado de activos y delitos contra la seguridad del Estado, configurando una de las combinaciones más severas del Código Penal cubano.
La gravedad de las acusaciones desde el principio abrió la posibilidad de una pena máxima, algo que se concretó con el fallo del 8 de diciembre.
Asimismo, se indicó que en el segundo juicio se le consideró responsable de cohecho continuado con el fin de cometer falsificación de documentos públicos, así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos también de carácter continuado.
Solo por este último, sumado a la cadena perpetua por espionaje, el Tribunal le impuso la sanción de otros 20 años de privación de libertad.
Se enfatizó que “en ambos procesos contra Gil Fernández se aplicaron sanciones accesorias como la confiscación de bienes, prohibición de ejercer funciones que impliquen la administración de recursos humanos, materiales y financieros, y la privación de derechos públicos, entre otras”.
Con respecto a la confiscación de bienes, su hermana, la presentadora María Victoria Gil, ya había señalado a varios medios de prensa extranjeros sobre la posible confiscación de la vivienda donde aún reside la esposa de Gil Fernández.
La nota justificó que para determinar las sanciones a imponer, “el Tribunal tuvo en cuenta los artículos 147 de la Constitución de la República, así como el 71.1 y el 29 del Código Penal, con relación a los fines de la sanción, evaluando la lesividad social de los hechos cometidos por el acusado”.
Además, se supuso que Gil Fernández “tuvo un actuar corrupto y simulador, aprovechándose de las facultades que le fueron otorgadas por sus responsabilidades para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes. Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, causando daños a la economía. Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”.
Gil, quien dirigió la política económica del país durante uno de los períodos más críticos en décadas, fue destituido en febrero de 2024, en medio de cuestionamientos sobre su gestión.
Lo que inicialmente se consideró una falta administrativa se transformó rápidamente en una investigación penal que escaló hacia acusaciones de espionaje, uno de los delitos más delicados en la isla.
El juicio, llevado a cabo a puertas cerradas, generó gran repercusión entre la ciudadanía debido a la opacidad del proceso y, en última instancia, son los cubanos comunes los que están pagando con apagones y miseria las decisiones de Gil y su entorno.
Familiares del exfuncionario denunciaron anteriormente que no tuvieron acceso al expediente y que solo un miembro directo pudo asistir a las sesiones, mientras expertos cuestionaban la falta de información oficial y la ausencia de garantías procesales.
La condena contra Gil representa uno de los castigos más severos impuestos a un alto funcionario cubano en las últimas décadas. Hasta el momento, el gobierno no ha proporcionado información detallada sobre las pruebas que respaldan el cargo de espionaje, el más controvertido del caso, ni sobre los demás por los cuales se le acusó.
