Foto: Archivo CN360
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para abordar uno de los casos más sensibles en el ámbito migratorio y constitucional de los últimos años: la legalidad de la orden ejecutiva emitida por Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en el país.
El tribunal supremo ha decidido revisar si dicha medida, que priva de ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin ciudadanía ni residencia permanente, infringe la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que desde 1868 establece el principio de “birthright citizenship” (derecho de ciudadanía por nacimiento).
Esta orden, conocida como Executive Order 14160 y firmada el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo mandato de Trump, se titula “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship” (Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense). El texto instruye a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus padres es ciudadano o residente permanente legal, lo que incluye a quienes están en el país con visados temporales de trabajo, estudio o turismo, así como a aquellos en situación migratoria irregular.
La iniciativa fue impugnada de inmediato en los tribunales federales. Organizaciones de derechos civiles y varios estados presentaron demandas, argumentando que el presidente no puede, mediante una orden ejecutiva, cambiar más de 125 años de interpretación estable de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en que residen”.
Jueces de primera instancia emitieron medidas cautelares, bloqueando la aplicación de la orden; cortes de apelaciones han sostenido esta posición al considerar que la medida tiene una alta probabilidad de violar la Constitución y la legislación federal vigente sobre ciudadanía.
El caso que ahora llega a la Corte Suprema se conoce como Trump v. Barbara, una demanda colectiva presentada en New Hampshire y liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de las familias afectadas. Esta vía se convirtió en el principal medio para frenar la orden tras una decisión previa del propio Supremo (Trump v. CASA, Inc.), que limitó significativamente el uso de las “injunctions nacionales”, es decir, órdenes de jueces de distrito con efecto a nivel nacional.
La demanda colectiva busca, en esencia, un resultado similar: impedir que el gobierno aplique la nueva interpretación de la ciudadanía mientras se resuelve el fondo del litigio.
En el centro del debate está la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción” que aparece en la Decimocuarta Enmienda. La administración Trump argumenta que los hijos de “visitantes temporales o inmigrantes ilegales” no están completamente sometidos a la jurisdicción estadounidense, por lo que no deberían ser automáticamente reconocidos como ciudadanos al nacer.
Sus defensores apelan a una lectura originalista de la enmienda, señalando que su propósito histórico era garantizar derechos de ciudadanía a los antiguos esclavos, no a los hijos de personas en situación migratoria irregular. Los demandantes, sin embargo, enfatizan que durante más de un siglo los tribunales han interpretado la norma de manera amplia, citando el precedente de 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, que consolidó el principio de ciudadanía por nacimiento para casi todos los nacidos en territorio estadounidense, con excepciones limitadas como hijos de diplomáticos o de fuerzas ocupantes extranjeras.
Organizaciones de derechos civiles y expertos legales advierten que la decisión tendrá un impacto humano significativo. Un estudio mencionado en la cobertura del caso estima que alrededor de 255,000 bebés al año podrían verse afectados si las restricciones propuestas son implementadas, generando una nueva categoría de niños nacidos en Estados Unidos pero sin ciudadanía clara, lo que podría dar lugar a conflictos legales sobre residencia, acceso a servicios públicos, riesgo de deportación futura y eventuales casos de apatridia.
Muchos expertos en el tema sostienen que ningún presidente puede “reescribir” por decreto la promesa fundamental de ciudadanía contenida en la Decimocuarta Enmienda y advierten que el intento de Trump genera incertidumbre y miedo entre familias inmigrantes que consideraban seguros los derechos de sus hijos nacidos en el país.
El calendario del proceso añade tensión política al caso. Los magistrados escucharán los argumentos orales en la primavera de 2026, y se espera que la decisión se tome hacia finales de junio de ese año, en medio de un intenso debate migratorio y bajo la atenta mirada de un país profundamente polarizado.
Si la Corte Suprema respalda la orden de Trump, se sentaría un precedente que permitiría a la Casa Blanca redefinir, por vía ejecutiva, quién es considerado ciudadano desde el nacimiento, lo que significaría un cambio radical en la historia del derecho estadounidense y reconfiguraría la vida de cientos de miles de familias.
Si, en cambio, el tribunal la declara inconstitucional, se reafirmaría el principio de ciudadanía por nacimiento tal y como ha sido entendido durante más de un siglo y medio, enviando una señal clara sobre los límites del poder presidencial en materia de inmigración y derechos fundamentales.
