Foto: Cuba Noticias 360
En mayo de 2022, una diplomática cubana declaró en Naciones Unidas que el servicio militar en la isla no es obligatorio. Sin embargo, meses después, tuvo lugar la devastadora explosión en la Base de Supertanqueros de Matanzas, que resultó en la muerte de 17 personas, incluidos reclutas que la funcionaria describió como “voluntarios”.
Este trágico evento, que conmovió a toda Cuba, es solo un episodio más en la prolongada historia del Servicio Militar Obligatorio (SMO), una práctica que ha atormentado a las familias con hijos varones durante décadas, obligándolas a conseguir certificados médicos o a buscar formas de salir del país antes de que sus hijos alcancen la edad de reclutamiento.
El rechazo al reclutamiento se ha intensificado tras la reciente explosión de una unidad militar en Holguín, incidente que dejó un saldo de 13 muertos, incluidos varios jóvenes en servicio.
Las autoridades confirmaron que entre las víctimas —que en un primer momento fueron consideradas desaparecidas y luego se reportaron como fallecidas— se encontraban cuatro oficiales y nueve soldados, aunque no precisaron si eran reclutas. Entre los soldados identificados figuran Leinier Jorge Sánchez Franco, Frank Antonio Hidalgo Almaguer y otros siete jóvenes.
Un amplio movimiento ciudadano, liderado por activistas en todo el país, ha reavivado el clamor de numerosas familias que exigen la derogación de esta práctica, no solo por motivos ideológicos, sino también humanitarios, denunciando las precarias condiciones en las que los jóvenes cumplen con lo que se considera “deber patriótico”.
Alfredo González, quien lamentablemente perdió a su hijo Annier en 2021 mientras estaba en el SMO, se sumó a este clamor popular con un emotivo mensaje en su grupo de Facebook “No más víctimas en el servicio militar en Cuba”. “¿Cuántas vidas más debemos perder para que se respete el derecho a la vida de nuestros hijos? Hoy son los jóvenes de Holguín, mañana podrían ser otros. ¡Basta ya!”, afirmó.
Un informe de la ONG Cubalex contabilizó 17 casos de jóvenes fallecidos entre 2022 y julio de 2024 mientras cumplían el SMO en Cuba. Esta cifra se vuelve aún más alarmante al considerar las causas de tales muertes evitables: suicidios, peleas que terminaron en homicidios, accidentes de tráfico y durante ejercicios militares, fallos en el manejo del armamento, enfermedades mal diagnosticadas y mal atendidas, entre otros.
La tensión aumentó cuando se presentó una nueva legislación que complica aún más la ya restrictiva normativa del SMO en la isla: el Decreto 103/2024, que se aplica tanto a los ciudadanos cubanos obligados a cumplir el servicio como a personas mayores de 16 años que “impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir de cualquier modo los deberes ciudadanos en relación con la defensa de la patria”.
Este decreto establece medidas administrativas que incluirán “multa” y “obligación de hacer”. En lo que respecta a las sanciones, se estipula que quienes no se inscriban en el Registro Militar al cumplir 16 años y dentro del plazo fijado anualmente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias enfrentarán una multa de entre 2,500 y 5,000 pesos, así como la obligación de inscribirse inmediatamente en dicho registro.
Además, quienes no se presenten cuando sean citados por el Comité Militar deberán pagar entre 5,000 y 7,000 pesos, además de la obligación inmediata de comparecer.
Finalmente, el Decreto 103/2024 establece que “si se paga la multa y no se cumple la obligación de hacer, la autoridad competente formulará la denuncia correspondiente para iniciar el proceso penal correspondiente”.
Las personas que intenten evadir el SMO podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión, según esta norma, que ha encendido el debate en el contexto de numerosos reportes en redes sociales sobre muertes de jóvenes en bases militares debido a la negligencia de sus superiores o a los riesgos asociados con algunas tareas en esta etapa.
La reciente tragedia en el almacén de armamento en Holguín ha reavivado las demandas para abolir el servicio militar, una medida que gran parte de la población cubana considera obsoleta y peligrosa.
