Foto: Archivo CN360
La Policía Nacional de España ha desmantelado una supuesta red criminal acusada de fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación que señala el desvío de aproximadamente siete millones de euros de préstamos estatales destinados a la reindustrialización.
La operación, conocida como Rapax, fue llevada a cabo por unidades especializadas en delitos económicos en Sevilla, a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Industria debido al impago de dos créditos otorgados a través del programa Reindus, una línea de ayudas públicas dirigida a fomentar proyectos industriales en regiones desfavorecidas.
Según los investigadores, los préstamos fueron solicitados a través de dos expedientes diferentes, presentados a nombre de empresas aparentemente independientes. No obstante, la investigación reveló que ambas entidades estaban conectadas y operaban de manera coordinada, formando parte de una misma estructura empresarial.
Para obtener los fondos, los responsables habrían presentado documentación supuestamente falsa, simulando inversiones industriales que nunca se realizaron. Pese a ello, las ayudas fueron aprobadas y transferidas, lo que facilitó el posterior desvío de los fondos.
Una vez recibidos los fondos públicos, la organización estableció un entramado mercantil compuesto por más de diez empresas, tanto dentro de España como en el extranjero.
Este esquema permitió trasladar el dinero a diferentes países para dificultar su rastreo y dar una apariencia de legalidad.
Según el informe policial, entre los destinos identificados se encuentran Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí, lo cual refuerza la hipótesis de un plan destinado a ocultar el origen de los fondos y fragmentar su trazabilidad financiera.
Los agentes procedieron al bloqueo de 48 cuentas bancarias relacionadas con la red y llevaron a cabo registros en varias localidades de la provincia de Cádiz, incluyendo Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María.
Durante las operaciones, la Policía confiscó más de 80,000 euros en efectivo, además de equipos electrónicos y una cantidad considerable de documentación que sigue siendo analizada por los investigadores.
Entre los cinco detenidos se encuentran los supuestos líderes de la organización, así como varios familiares que habrían actuado como intermediarios o testaferros para ocultar el movimiento y destino del dinero. Todos han sido puestos a disposición judicial.
