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En los últimos días, al menos 20 negocios en Miami han sufrido la revocación de sus licencias comerciales debido a la falta de evidencia que demuestre que poseen las autorizaciones federales necesarias para operar o mantener relaciones comerciales relacionadas con Cuba, según confirmaron las autoridades locales.
Esta acción es parte de una revisión administrativa iniciada por la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade, bajo la dirección de Dariel Fernández, quien notificó a cerca de 75 empresas solicitando documentación que valide la legalidad de sus operaciones conforme a las leyes federales de Estados Unidos.
Las autoridades indicaron que los negocios afectados no lograron presentar licencias válidas emitidas por el gobierno federal, en particular por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la entidad encargada de regular y autorizar cualquier transacción permitida con países sancionados, incluido Cuba.
Entre las empresas afectadas se encuentran agencias de viajes, compañías de envío, servicios logísticos y firmas relacionadas con el transporte o la intermediación comercial, sectores que son especialmente sensibles debido a las restricciones derivadas del embargo estadounidense contra el gobierno de La Habana.
¿Persecución contra los negocios cubanos en Miami?
Según la legislación estadounidense, cualquier intercambio comercial con Cuba requiere permisos específicos, incluso en lo que respecta a viajes, envíos o servicios que podrían considerarse humanitarios. Operar sin estas licencias puede resultar no solo en la pérdida de permisos locales, sino también en sanciones federales más severas.
En este sentido, las autoridades aclararon que no se trata de una persecución contra negocios de origen cubano o contra empresas que sirven a la comunidad cubana, sino de acciones administrativas contra compañías que supuestamente actuaban sin cumplir los requisitos legales federales.
El gobierno del condado ha subrayado que Miami-Dade no permitirá que su jurisdicción sea utilizada para actividades que contravengan las leyes federales, y advirtió que la revisión podría ampliarse si se detectan nuevas irregularidades.
Para los negocios afectados, la revocación de la licencia implica una imposibilidad legal de operar hasta que regularicen su situación o agoten los recursos administrativos correspondientes. Algunas empresas podrían buscar apelar la decisión, siempre y cuando logren demostrar que sus actividades cuentan con el respaldo legal federal.
