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Honduras se encuentra hoy en un nuevo momento de tensión política, después de las elecciones generales del 30 de noviembre. A pesar de que el conteo oficial avanza con lentitud, posicionando al candidato opositor Nasry Asfura con una ligera ventaja, la presidenta Xiomara Castro, del partido de izquierda LIBRE, se niega a aceptar los resultados, lo que podría desencadenar un nuevo escándalo capaz de conmover a la región.
Las acusaciones de fraude, intervención externa y manipulación del proceso electoral han provocado protestas e incertidumbre, creando un clima de desconfianza que se extiende por toda América Latina, y Honduras no es la excepción.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) sostiene que la demora se debe a problemas técnicos y a inconsistencias en un número significativo de actas, sin embargo, los partidos en contienda perciben la situación desde perspectivas muy diferentes.
Mientras la oposición demanda la validación inmediata del conteo preliminar, el oficialismo exige una revisión exhaustiva y acusa presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, donde las declaraciones del presidente Donald Trump causaron controversia.
A pocos días de que expire el plazo para oficializar los resultados, Honduras navega en un terreno marcado por la desconfianza y la posibilidad de impugnaciones.
Este episodio no es un caso aislado. En América Latina, las controversias electorales se han convertido en un patrón recurrente, especialmente en gobiernos de izquierda donde las tensiones entre oficialismo, oposición y fuerzas internacionales se intensifican.
El caso más reciente es el de Nicolás Maduro en Venezuela, cuyos comicios fueron denunciados por irregularidades, falta de observadores independientes y bloqueos a líderes opositores. Aunque el gobierno venezolano defendió su proceso como “soberano y transparente”, gran parte de la comunidad internacional rechazó los resultados, profundizando el aislamiento diplomático del país.
También en Bolivia, durante las elecciones de 2019, las acusaciones de fraude que involucraron al entonces presidente Evo Morales resultaron en una crisis política que culminó con su salida del poder y la intervención de organismos internacionales.
Años después, el debate sobre lo ocurrido sigue vivo y fragmentado, evidenciando lo complicado que es restaurar la confianza ciudadana una vez que un proceso electoral queda bajo sospecha.
Lo que sucede en Honduras reitera un fenómeno recurrente: cuando los resultados no favorecen al poder establecido, emergen relatos de fraude; cuando benefician a la oposición, se denuncian maniobras internas o externas que “distorsionan la voluntad popular”.
Mientras el escrutinio hondureño avanza hacia su etapa final, el país enfrenta una disyuntiva: validar un resultado que una parte rechaza o iniciar un proceso extraordinario que podría prolongar aún más la crisis. Cualquiera que sea el desenlace, este episodio confirma que Latinoamérica sigue sumida en un problema estructural: la fragilidad de sus sistemas electorales y la tendencia de sus líderes a cuestionar los resultados que no les favorecen.
