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La captura de la doctora cubana Lázara Campos Cabrera, de 29 años, en una oficina de inmigración en Houston ha suscitado una fuerte conmoción entre familiares y defensores de derechos humanos. La joven madre fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita habitual, a pesar de haber presentado documentos que respaldan la delicada condición médica de su hija pequeña.
Campos emigró a Estados Unidos en 2021 cruzando la frontera sur y fue liberada con un I-220A, un documento que ha generado muchas críticas por no otorgar un estatus migratorio claro y que, según abogados y organizaciones, mantiene a miles de cubanos en un estado de incertidumbre legal. Hasta ahora, no tiene antecedentes penales y había asistido puntualmente a todas sus citas con inmigración, según informa su familia.
La mayor preocupación en este momento se centra en Antonella, su hija de un año, que ha sido diagnosticada con dos síndromes genéticos poco comunes: Wolf-Hirschhorn y Russell-Silver. Estas condiciones impactan funciones vitales como la respiración, el crecimiento y el metabolismo. La niña necesita un ventilador, alimentación a través de sonda y atención médica constante, cuidados que hasta ahora eran proporcionados únicamente por su madre.
“Puede descompensarse por la separación de su mamá”, advierten sus familiares, quienes afirman que la pequeña experimenta crisis ante cualquier cambio abrupto en sus rutinas. La familia teme por su vida, al quedar sin la única persona capacitada para brindarle atención adecuada. Desde su detención, ya se han reportado complicaciones en su salud.
El caso se vuelve aún más sensible al saberse que la doctora trabajó en Cuba durante la fase más crítica de la pandemia de COVID-19, antes de emigrar con el fin de revalidar su carrera y asegurar estabilidad para su hija en el sistema médico estadounidense. Actualmente, se encuentra detenida en el Centro ICE de Montgomery, a la espera de decisiones legales.
Diversos activistas y allegados han solicitado que su situación sea evaluada con criterios humanitarios urgentes. Piden la intervención de congresistas y líderes comunitarios que puedan ayudar a detener una situación que, según denuncian, pone en peligro la vida de una menor vulnerable.
