Foto: Cuba Noticias 360
El Gobierno cubano ha presentado nuevas directrices en su programa para gestionar la crisis, un plan que tiene como objetivo reorganizar las prioridades económicas ante el continuo deterioro del país, aunque no se han anunciado cambios específicos que alteren la dirección actual, es decir, la misma política de declarar sin llevar a cabo.
Según los dirigentes del país, este programa funcionará como una “herramienta táctica” para enfrentar, una vez más, los desequilibrios macroeconómicos y las distorsiones que afectan a la debilitada economía. Sin embargo, las autoridades no especificaron cuáles de estos problemas serán realmente corregidos ni qué mecanismos concretos asegurarán resultados más allá de la administración de la escasez, a pesar de que circulan rumores sobre un «paquetazo» que podría ser anunciado en la próxima Asamblea Nacional en diciembre.
Este rumor menciona un incremento (más) en las tarifas de agua, transporte, combustible y electricidad, lo que impactará directamente en el nivel de vida de los más vulnerables, además de la introducción de un impuesto sobre el valor añadido que no considera el 120% que se cobra en las cadenas de tiendas.
En líneas generales, los políticos indicaron que las nuevas medidas no reemplazan lo aprobado en la actualización del modelo, sino que se añaden a ese marco, por lo que acompañarán la dolarización de la economía, el aumento de tarifas de algunos servicios y la eliminación de subsidios.
Por lo tanto, se esperaría que continúen los mecanismos de control que restringen las expectativas de recuperación, o al menos un alivio para el cubano promedio, en el corto plazo.
Uno de los puntos mencionados fue, una vez más, el seguimiento al mercado cambiario y la gestión de divisas, elementos que el Gobierno considera esenciales para estabilizar el entorno financiero, pero que aún no logra concretar.
El plan sigue sin definir cómo se reducirá la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal, ni cómo se asegurará el acceso real a divisas para los actores productivos, un problema que mantiene paralizados a numerosos sectores, a la espera de la introducción de la tasa flotante anunciada hace cerca de un año.
Aunque el programa del Gobierno se presenta como una hoja de ruta renovada, su implementación continúa anclada a un modelo que no ha logrado revertir el deterioro económico, un mismo discurso que genera dudas sobre la capacidad real para ofrecer resultados distintos a los de iniciativas anteriores.
