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En un sorprendente acto de consenso bipartidista, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos votaron esta semana a favor de un proyecto de ley que exige la publicación de archivos no clasificados relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual que falleció en prisión en 2019.
La Cámara aprobó el llamado Epstein Files Transparency Act con una votación de 427 a 1, mientras que el Senado lo respaldó por consentimiento unánime, lo que indica una total falta de objeciones entre los legisladores. Ahora, el proyecto solo espera la firma del presidente para convertirse en ley.
La medida obliga al Departamento de Justicia a revelar documentos, comunicaciones e informes asociados tanto a Epstein como a su colaboradora Ghislaine Maxwell. Esto incluye materiales que durante años han estado en el centro de presiones públicas y teorías sobre la magnitud de la red de explotación sexual que operaban.
De acuerdo con el texto legislativo, la divulgación se llevará a cabo con excepciones específicas para proteger la identidad y la privacidad de las víctimas, así como información que pueda afectar investigaciones en curso o material clasificado.
El amplio apoyo al proyecto se debe a una demanda pública constante de mayor transparencia en un caso que, a pesar del tiempo transcurrido, continúa generando preguntas e intrigas sobre las personas que aparecen en las listas y por qué el expresidente Donald Trump intentaba desviar la atención del tema hasta ayer.
Entre los misterios que rodean el caso están su muerte mientras esperaba juicio, sus vínculos con empresarios y figuras políticas prominentes, y el prolongado secretismo sobre los archivos judiciales. Todo esto ha alimentado exigencias para que el gobierno revele lo que sabe.
No obstante, algunos legisladores han manifestado reservas sobre el alcance de la medida. El único voto en contra en la Cámara, emitido por el representante Clay Higgins, argumentó que la ley podría poner en riesgo a personas no acusadas o vulnerar la privacidad de terceros no implicados en delitos.
Una vez firmada, la ley iniciará un proceso supervisado por el Departamento de Justicia que deberá determinar qué documentos se harán públicos y en qué plazos, un aspecto que todavía suscita expectativa tanto entre organizaciones de víctimas como en la opinión pública.
