Foto: CN360
Este martes se llevó a cabo, bajo estricto control de la seguridad del Estado, el primer juicio contra el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en esta ocasión por el delito de espionaje.
Según el Código Penal cubano, las sanciones establecidas son de las más severas: privación de libertad de diez a treinta años, cadena perpetua o incluso pena de muerte, dependiendo de la gravedad de los hechos y sus consecuencias.
Aunque la pena de muerte sigue siendo una opción dentro del sistema penal cubano como sanción “excepcional” para una serie de delitos particularmente graves que incluyen, entre otros, aquellos que atentan contra la seguridad del Estado, el espionaje, el terrorismo o el tráfico de drogas, no es una condena habitual en el sistema cubano.
Cuba conmutó oficialmente la pena capital en el año 2000 al último reo pendiente de cumplir con esta sentencia.
El delito de espionaje en cualquiera de sus formas
De acuerdo con reportes de medios estatales, la legislación también amplía el alcance del delito de espionaje a aquellos actos cometidos en favor de organizaciones internacionales, no gubernamentales o entidades extranjeras, siempre que el resultado cause perjuicio al país.
No obstante, sería especulativo intentar determinar las acciones realizadas por Gil Fernández debido al secretismo con el que el gobierno cubano ha manejado el asunto, caracterizado por su falta de información y por no satisfacer las solicitudes públicas, e incluso familiares, sobre el estado del proceso.
Asimismo, el articulado penal especifica que el espionaje no solo se configura por la entrega directa de información sensible, sino también por la obtención, almacenamiento o intento de acceso a datos clasificados; se incluyen conductas como la toma de fotografías, planos o croquis de zonas militares, obras de defensa, buques o instalaciones estratégicas, sin la debida autorización.
Adicionalmente a este delito, Gil Fernández enfrenta acusaciones relacionadas con la malversación de recursos, cohecho y tráfico de influencias, aunque su supuesta colaboración con servicios de inteligencia extranjeros es lo que capta la atención del tribunal.
Este proceso contra Gil Fernández es insólito debido a la jerarquía del funcionario implicado y genera un gran interés público por la magnitud de las acusaciones y las posibles repercusiones políticas y económicas, en un contexto donde la transparencia en estos casos es limitada por la ley.
