Texto: Cuba Noticias 360
Foto: Joey Sussman | Shutterstock
El presidente Donald Trump ha prometido entregar 2,000 dólares a millones de estadounidenses como “dividendo arancelario”. Sin embargo, esta propuesta, que ha generado grandes expectativas en el país, actualmente no cuenta con una ley, financiamiento suficiente ni un mecanismo claro para su implementación. Por ello, surge la pregunta: ¿realmente se entregará el dinero?
La Casa Blanca ha confirmado que la idea está en evaluación y que el equipo económico está analizando la mejor manera de llevarla a cabo. Sin embargo, especialistas advierten que los ingresos por aranceles no son suficientes para financiar un programa de tal magnitud. Además, cualquier pago directo necesitaría la aprobación del Congreso, un paso que aún no se ha iniciado.
Según cálculos disponibles, ni siquiera si se utilizaran completamente los ingresos por tarifas comerciales, el monto sería suficiente para cubrir un programa de pagos masivos. También se destaca que cualquier desembolso directo requeriría la aprobación del Congreso, que controla el presupuesto federal y, hasta ahora, no ha recibido ninguna propuesta formal relacionada con esta iniciativa.
Hasta el momento, no existe un proyecto de ley que autorice el desembolso ni criterios claros sobre quiénes serían elegibles. Aunque Trump sostiene que el dinero provendría de los aranceles internacionales, los cálculos fiscales indican que se necesitarían entre 300,000 y 400,000 millones de dólares para entregar 2,000 dólares por persona, una cifra muy superior a los ingresos actuales del Gobierno por tarifas.
Frente a los desafíos para implementar el plan tal como fue anunciado, economistas y analistas consideran que la administración podría optar por alternativas menos costosas, como pagos reducidos, beneficios solo para hogares de bajos ingresos o un dividendo simbólico para cumplir parcialmente con la promesa.
¿Otra promesa política por incumplir?
Mientras la administración asegura que su objetivo es “devolver al pueblo” una parte del dinero recaudado por políticas comerciales, economistas advierten que los aranceles no son un fondo que se pueda usar de inmediato: afectan los precios internos, pueden generar presión inflacionaria y están sujetos a impugnaciones judiciales.
A esto se suma la posibilidad de que un Congreso dividido reduzca o rechace la iniciativa, especialmente por su elevado costo.
A falta de claridad legal y presupuestaria, la propuesta funciona hoy más como un mensaje político que como una medida económica tangible. Trump ha reiterado su intención de llevar a cabo la idea, pero los pasos necesarios para convertir su promesa en un pago real aún están pendientes.
Por el momento, la pregunta central sigue abierta: ¿es esta una medida viable o un gesto simbólico destinado a reforzar el apoyo en un contexto de alta sensibilidad económica para las familias estadounidenses?
Al respecto, cabe recordar que tras anunciar desde la Casa Blanca la creación del Department of Government Efficiency (DOGE, por sus siglas en inglés), Trump mencionó que estaba “considerando” devolver al pueblo estadounidense un porcentaje de los ahorros que dicho organismo generase, como un dividendo. Esta idea también sigue siendo especulativa, sin legislación aprobada ni mecanismo definido.
