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Desde Tenerife, donde ha residido durante años, la abogada y ex-presentadora cubana María Victoria Gil Fernández ha vuelto a atraer la atención pública, aunque esta vez no por sus apariciones en televisión, sino como figura secundaria, pero notable, en uno de los casos legales más impactantes de la Cuba reciente: el de su hermano Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación.
En sus últimas declaraciones, María Victoria mostró un tono de resignación y crítica que no había expresado anteriormente. Asegura que “no le veo ni siquiera carácter para eso… mi hermano es una persona muy noble”, al referirse a las acusaciones de espionaje que enfrenta el exfuncionario.
Alejandro Gil, destituido en febrero de 2024, fue denunciado públicamente por el presidente Miguel Díaz‑Canel por haber incurrido en “graves errores” en sus funciones. En octubre de 2025, la Fiscalía General de la República de Cuba presentó cargos por espionaje, malversación, lavado de activos, evasión fiscal y otros delitos.
María Victoria, por su parte, ha mostrado tanto escepticismo como un fuerte sentido crítico. Ha comentado sobre la falta de transparencia en el proceso: “El mismo día de la Candelaria se anunció su traslado a ‘otras tareas’. Un día después, Díaz-Canel le agradecía los esfuerzos. Desde entonces, silencio”. Además, afirmó que “si mi hermano ha traicionado sus principios… caerán con él todos los corruptos de verdad. Esto está empezando”.
Asimismo, mencionó que “todo el mundo sabe quién está detrás” de las decisiones que impactaron a su hermano y lamentó ser objeto de “odio injusto y desmedido”.
El contraste en la trayectoria pública de ambos es notable. Mientras Alejandro Gil fue uno de los arquitectos de la reforma monetaria de 2021, la conocida “Tarea Ordenamiento” que culminó en una crisis económica, María Victoria fue la imagen de “De la Gran Escena”, uno de los programas más populares de la televisión cubana. En otra de sus entrevistas, María Victoria recordó que “no puedo entrar pensando que soy testaferro, ese es el mejor indicio de que no tengo nada que ver con la corrupción de mi hermano”.
Este caso ha trascendido lo familiar y se ha convertido en un símbolo de las tensiones estructurales del sistema cubano: la crisis económica, el desgaste del modelo, la necesidad de responsables y la búsqueda de transparencia en un gobierno donde ambas palabras escasean cada vez más.
En los últimos días, María Victoria Gil ha asumido públicamente el papel de representante de Laura María Gil González, la hija de Alejandro Gil, tras el anuncio del juicio inminente contra su padre. En audios compartidos por su tía, la joven manifestó que haría todo lo posible por asistir al juicio, “pero si no se puede, me enteraré con la sentencia” y reafirmó que “mi padre no es espía”.
Justo este martes, el primer día del juicio contra Alejandro Gil, salieron a la luz nuevos audios en los que se informó que la hija del exministro fue prohibida de entrar al tribunal por sus declaraciones en redes sociales, mientras su hermano sí pudo asistir.
La voz de María Victoria Gil ha amplificado el llamado a la transparencia que su sobrina ha expresado con fuerza: “Este juicio es una total manipulación”, declaró la joven, y su tía la respalda públicamente al añadir que “todo el mundo sabe quién está detrás” del caso contra Alejandro Gil.
En un momento en que el proceso judicial se celebra a puertas cerradas y sin acceso público, María Victoria Gil se ha convertido en una testigo involuntaria de una crisis mayor, y Alejandro Gil en el principal acusado de una reforma fallida que muchos cubanos consideran responsable del deterioro económico.
En medio del proceso, ella deja claro que estará “donde haga falta”, que “no permitirá que lo utilicen como chivo expiatorio” y que su participación no es solo una defensa personal, sino una lucha contra lo que considera una justicia incompleta y por la dignidad.
La historia de los Gil Fernández abre una ventana al interior de la élite cubana, revelando su funcionamiento, responsabilidades ocultas y conexiones con el poder más alto. Y, en última instancia, pone de relieve un riesgo más profundo: que, para muchos cubanos, la justicia no sea un escudo contra el poder mal administrado, sino un instrumento de control político más.
