Foto: RL Hevia
La Fiscalía General de la República de Cuba anunció la conclusión de la investigación penal llevada a cabo contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, así como otros involucrados en un caso que ha suscitado gran interés público debido a la relevancia política del acusado.
Según el comunicado oficial, la investigación —supervisada por la Fiscalía de acuerdo con el Artículo 156 de la Constitución de la República— fue realizada por los órganos del Ministerio del Interior, asegurando el respeto al debido proceso en todas sus fases.
Una vez completadas las acciones investigativas, la Fiscalía indicó que llevó a cabo la acción penal pública en nombre del Estado y presentó los procedimientos al tribunal competente.
En una nota informativa, se solicitó responsabilidad penal por una amplia gama de delitos, incluyendo espionaje, actos en detrimento de la actividad económica o contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, así como infracciones relacionadas con la protección y sustracción de documentos clasificados.
Según la misma nota, en todos los casos se requirieron sanciones privativas de libertad, adecuadas a la gravedad de los cargos imputados.
El delito de espionaje en el Código Penal de Cuba, tipificado y endurecido en la reforma de 2022, puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión y se refiere a actividades como el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero, además de otras acciones que pongan en riesgo la soberanía nacional y la seguridad del Estado.
La acusación contra Gil Fernández representa un nuevo capítulo en el caso del exministro de Economía, destituido de su cargo en febrero de 2024, en medio de una severa crisis económica y con tensiones dentro del propio gobierno.
