Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
Laura María Gil González, hija del exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha hecho públicas sus declaraciones este fin de semana con un mensaje poco común en la política cubana: solicitó que el juicio de su padre sea transmitido por televisión y accesible para todos los ciudadanos, tanto para medios oficiales como no oficiales, nacionales e internacionales.
En su declaración, difundida a través de redes sociales y reproducida por varios medios independientes, la joven invocó los artículos 54 y 48 de la Constitución de la República, que garantizan la libertad de expresión y el derecho al honor, para fundamentar su demanda de transparencia. Según afirmó, el proceso judicial debe ser “público, íntegro y transmitido sin restricciones”, para evitar la especulación que, según ella, ha rodeado el caso desde su inicio.
“No pido privilegios, pido claridad. La nota de la Fiscalía dejó demasiados cabos sueltos y en esos vacíos se alimenta la duda y la desconfianza”, escribió Laura María en su mensaje.
Alejandro Gil Fernández, uno de los personajes más visibles del gobierno cubano durante los años más críticos de la crisis económica, fue detenido en febrero de 2025 y actualmente enfrenta una investigación por espionaje, malversación, tráfico de influencias, lavado de activos y falsificación de documentos, entre otros delitos.
Hasta su destitución, Gil ocupó el cargo de ministro de Economía y Planificación y fue considerado uno de los funcionarios más cercanos al presidente Miguel Díaz-Canel, con quien compartía la dirección de las recientes reformas económicas.
El anuncio oficial de la Fiscalía, publicado en octubre, confirmó los cargos, pero no proporcionó detalles sobre la naturaleza de las pruebas ni sobre el supuesto delito de espionaje, el más grave y sensible de todos. Según la hija del exministro, esta falta de información ha provocado “una tormenta de rumores” en las redes sociales y en la opinión pública.
Pero su hija lanza duras preguntas
En su mensaje, Laura María Gil formuló preguntas directas al Gobierno y a la Fiscalía General de la República:
“¿A qué país o países se dice que prestó servicio? ¿Qué información se filtró? ¿Desde cuándo? ¿Por órdenes de quién?”
Estas interrogantes reflejan la creciente presión ciudadana por conocer la magnitud real de las acusaciones. El delito de espionaje en Cuba, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de hasta la muerte o cadena perpetua, dependiendo del daño a la seguridad del Estado.
Y es que, ya ha habido en Cuba más de un juicio intrigante por presuntos delitos cometidos por personas de la cúpula dirigente, en los cuales los principales jefes del país, al parecer, no estaban al tanto de las acciones de los acusados. Esto siembra dudas hasta en el más convencido de los revolucionarios, pues resulta cuestionable cómo es posible que nadie del entorno de Ochoa, o de Lage, o de Felipe Pérez Roque, supiera sobre las actividades de estas personas durante sus juicios, y cómo es posible que tras comprobarse la supuesta culpabilidad de ellos, quienes eran sus superiores no hayan tenido responsabilidad alguna.
Hasta el momento, no se ha fijado la fecha del juicio, que sigue en fase de instrucción. Asimismo, no se ha confirmado si la solicitud de la hija será considerada por las autoridades judiciales o si el proceso mantendrá el carácter reservado habitual en causas de esta índole.
Alejandro Gil, del punto A al punto B (un terremoto político)
El caso de Alejandro Gil ha generado un terremoto político en la isla, no solo por el perfil del acusado, considerado durante años el arquitecto de la “actualización del modelo económico”, sino por el precedente que establece dentro del sistema de poder. La detención y el procesamiento de un ministro en funciones de confianza directa del presidente es un hecho sin precedentes en la Cuba reciente.
Analistas consultados por medios extranjeros han indicado que el proceso puede tener profundas implicaciones en la gobernabilidad y en la percepción pública sobre la lucha anticorrupción en el país.
Mientras tanto, sectores dentro y fuera de la isla exigen que el juicio se desarrolle respetando el debido proceso y que se garantice el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, principios que frecuentemente se cuestionan en el sistema judicial cubano.
La solicitud de Laura María Gil, más allá del ámbito familiar, plantea un debate sobre la transparencia institucional en Cuba. La demanda de que el juicio sea televisado —algo poco común en procesos de alto perfil— interroga directamente a la narrativa oficial y a la relación del Estado con la ciudadanía.
Por ahora, la respuesta del gobierno cubano ha sido el silencio. Sin embargo, la voz de la hija del exministro ya resuena en el espacio público y ha sido respaldada por cientos de publicaciones replicando su pedido y por miles de comentarios, en su mayoría escritos por cubanos que hoy sufren las consecuencias de las políticas de Gil y de sus superiores. Porque, efectivamente, todos son conscientes de que Gil puede ser acusado solo, pero no fue el único responsable del desastre económico en Cuba.
