Texto: Hugo León
Foto: RRSS
En las últimas horas, el gobierno cubano ha intentado justificar su decisión de rechazar la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos tras la devastación del huracán Melissa, que causó severos daños en el oriente del país y dejó a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
A través de las declaraciones de Johana Tablada de la Torre, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), La Habana afirmó que “Washington no ha presentado ninguna propuesta concreta” y que toda cooperación internacional debe llevarse a cabo “con respeto a la soberanía nacional y mediante los canales oficiales del Estado cubano”.
Estas afirmaciones contrastan con lo manifestado por el Departamento de Estado estadounidense, que reiteró su disposición a ofrecer ayuda inmediata al pueblo cubano.
“El gobierno de Estados Unidos está listo para proporcionar asistencia humanitaria a Cuba después del huracán Melissa”, declaró un portavoz citado por Reuters, aunque reconoció que no se ha recibido una solicitud formal de La Habana.
El intercambio de versiones entre ambos gobiernos ha provocado confusión y descontento entre los cubanos, especialmente en las provincias más afectadas, donde la falta de alimentos, agua potable y electricidad mantiene a miles de personas en condiciones precarias.
Mientras países como Panamá, China, Venezuela y Colombia ya han enviado cargamentos de ayuda, la postura cubana frente a Washington ha sido interpretada por analistas como una decisión más política que logística.
La narrativa oficial subraya que Cuba no ha descartado ninguna colaboración, sino que exige que toda asistencia se gestione de manera institucional, excluyendo la participación de actores externos o independientes.
La televisión estatal refuerza este argumento, como ocurrió el fin de semana, cuando el periodista Jorge Legañoa Alonso, presidente de Prensa Latina, dedicó un comentario en el Noticiero Nacional de Televisión para negar la existencia de una oferta estadounidense y resaltar el papel del Estado cubano como “el único garante de solidaridad y eficiencia” en medio de la crisis.
Legañoa calificó los reportes de medios internacionales como “manipulaciones” y citó a José Martí y referencias históricas sobre el embargo para justificar la desconfianza hacia Washington.
Este mensaje televisivo se enmarca en un patrón comunicativo repetido en los últimos días: reforzar la idea de que solo el gobierno cubano puede gestionar la ayuda humanitaria, excluyendo a las organizaciones civiles, religiosas o comunitarias que también buscan ayudar a los afectados.
¿Y qué pasa con los verdaderos necesitados?
La posición de La Habana llega en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes en el oriente del país, donde los estragos del huracán Melissa se suman a la escasez estructural y al colapso de servicios esenciales.
Para muchos ciudadanos, la prioridad no es quién ofrece la ayuda, sino que esta llegue de manera rápida y transparente. Sin embargo, la gestión estatal centralizada y la falta de información pública sobre los mecanismos de distribución han generado dudas sobre la efectividad real del proceso.
La controversia en torno a la oferta estadounidense pone de manifiesto, una vez más, la tensión entre el discurso político y la urgencia social. Mientras el gobierno defiende su soberanía, miles de familias esperan alimentos, agua y refugio en las áreas más devastadas.
