Foto: Archivo CN360
El frijol, uno de los pilares de la dieta cubana, está enfrentando una grave crisis en su producción nacional. En Holguín, por ejemplo, una provincia que históricamente se ha dedicado a este cultivo, los campesinos han reducido las áreas sembradas debido a pérdidas económicas constantes, precios de acopio poco favorables y una serie de obstáculos burocráticos que dificultan gravemente la actividad agrícola.
Sembrar una hectárea de frijoles puede costar hasta 300 mil pesos, según testimonios de productores locales. Sin embargo, el Estado paga entre 14,000 y 30,000 CUP por quintal, una cantidad que no cubre ni los insumos básicos. “La única venta que nos dejó algo fue la que hicimos a la Planta de Semillas, a 30 mil pesos el quintal. Todo lo demás fue pérdida”, comenta Yordanis Cruz, presidente de una cooperativa en Gibara, al periódico Granma.
La situación se ha agravado con las nuevas disposiciones del gobierno. En marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 10093, que establece precios máximos para el arroz y el frijol de producción nacional. Así, la libra de frijol debe venderse a 196 CUP si el Estado proporcionó insumos, o a 285 CUP si no lo hizo. Sin embargo, la mayoría de los agricultores no recibe estos insumos, y cuando se publicó la normativa, muchos ya habían vendido sus cosechas a precios anteriores.
La medida, que busca controlar la inflación, resulta contraproducente para el sector. Los expertos advierten que establecer precios sin asegurar condiciones de producción solo profundiza la crisis. “La inflación no se combate así”, señala el economista Mauricio de Miranda. Su colega Pedro Monreal es aún más claro: “El control de precios sin respaldo productivo genera escasez y fomenta el mercado informal”.
Mientras tanto, el frijol escasea en las bodegas y abunda en las calles a precios inaccesibles. En Holguín, la libra de frijol negro se vende en puntos privados entre 360 y 400 CUP, más del doble del precio regulado. El gobierno ha decidido vender una libra adicional por persona de forma controlada, a través de la libreta de abastecimiento, pero esta medida es solo un parche temporal.
A los problemas económicos se suman las dificultades agronómicas. Las plagas, como la mosca blanca, el ácaro y la maleza Don Carlos, han incrementado los costos de protección por hectárea. Muchos productores se ven obligados a adquirir pesticidas en el mercado informal a más de 20,000 CUP por litro. “Sin químicos, la cosecha se pierde. Y con ellos a esos precios, también salimos perdiendo”, lamenta otro productor local.
La falta de planificación y organización institucional también es un factor importante. En varias cooperativas, los precios de acopio no estaban definidos al momento de solicitar créditos, lo que impidió a los agricultores justificar ante el banco el valor estimado de su producción. Algunos obtuvieron financiamiento, pero no pudieron realizar las compras necesarias debido a la falta de oferta o restricciones de pago.
El uso obligatorio de tarjetas magnéticas para operar con el banco añade otro nivel de complejidad. Aunque los productores reciben fondos digitalmente, deben convertir parte de ese dinero a efectivo para pagar a sus obreros y proveedores. Este cambio les cuesta hasta un 15% en comisiones informales, lo que representa una pérdida directa sobre ingresos ya reducidos.
Sin embargo, el problema trasciende los precios. La producción de frijoles es solo un eslabón dentro de una estructura agrícola obsoleta, centralizada y con escasa flexibilidad para adaptarse a las necesidades reales del sector. Los campesinos desean producir, pero necesitan condiciones mínimas para hacerlo con eficacia y sostenibilidad.
Sin una transformación profunda del modelo agroproductivo, ni las limitaciones de precios, ni las ventas controladas, ni los acuerdos ministeriales podrán resolver el problema de fondo. Lo que está en juego no es solo una cosecha, sino el acceso de millones de cubanos a un plato de frijoles sobre la mesa.
