Foto: RRSS
Más de medio millón de pesos fueron devueltos por el Ministerio del Interior (MININT) a un ciudadano del poblado La Nenita, en Guisa, Granma, durante un acto público que, más allá de la justicia, pareció ser diseñado para nutrir el aparato propagandístico del régimen. Este evento fue reportado este domingo por el perfil oficialista Entérate con Aytana Alama, quien lo presentó como un logro institucional notable.
La publicación, acompañada de fotografías del momento, mostraba a oficiales del MININT entregando el dinero ante un grupo de vecinos. La escena, cuidadosamente orquestada, evitó mencionar cómo se recuperó el dinero, quién fue el responsable del robo o en qué momento se resolvió el caso. Lo central era el mensaje: “el régimen resuelve”.
El despliegue fue tal que las imágenes transmitían la impresión de una entrega ceremonial, más cercana a una condecoración que a la restitución de un derecho. Civiles y funcionarios presenciaban el acto como testigos de lo que debía ser, en esencia, una función básica del Estado: garantizar justicia.
Según analistas y observadores, el caso ilustra una tendencia ya establecida en la narrativa oficialista: convertir deberes mínimos del Estado en supuestas victorias institucionales. Investigar un robo, recuperar lo sustraído y devolverlo a su dueño se presenta como un hito, cuando en cualquier sistema funcional sería apenas una responsabilidad ordinaria.
La puesta en escena recuerda otros episodios recientes en que la devolución de objetos robados fue utilizada con fines propagandísticos. En septiembre, la policía organizó un mitin en Villa Clara para devolver una bicicleta y un teléfono, en un acto que incluyó banderas, discursos y un despliegue visual desproporcionado para la ocasión.
Estos gestos, aunque simbólicos, no logran ocultar el deterioro de la vida cotidiana en Cuba. Mientras el aparato estatal exhibe pequeños logros como epopeyas, organizaciones como Cubalex alertan sobre violaciones sistemáticas de derechos, incluso en sectores vulnerables como la infancia, que no tienen acceso a justicia ni protección real.
