Foto: RL Hevia
Hace unas semanas, el gobierno de La Habana anunció, a través de la Resolución 148/2025, firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, la implementación de medidas para regular los precios de los productos agropecuarios en la capital, con el objetivo de “frenar la especulación” y “proteger al consumidor”.
La medida establece precios tope unificados para la compra al productor, así como para la venta mayorista y minorista, con valores específicos fijados para cada producto, buscando “evitar los márgenes excesivos” entre el precio de origen y el costo final que asume el consumidor.
Nuevamente, se adopta el mismo modelo de intervención: topes de precios que rara vez se cumplen, operativos de inspección que resultan en decomisos y sanciones, y un sistema de producción y comercialización que continúa sin satisfacer la demanda real de la población.
Multas por más de 29 mil pesos
De acuerdo al portal del Gobierno de La Habana, las acciones de fiscalización se han intensificado en todos los mercados de la capital, incluyendo aquellos administrados por el Estado y los arrendados a cooperativas, así como en formas productivas no estatales, el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) y la Agricultura Urbana.
La Dirección Municipal de Finanzas y Precios de Plaza de la Revolución impuso una multa de 16 mil CUP a un vendedor por incumplir con los topes; mientras que en la feria de 17 y 8 se sancionaron precios de productos que no cumplían con lo establecido, como pimientos a 380 y pepinos a 70 CUP, además de la falta de precios visibles, lo que originó multas adicionales de hasta 10 mil pesos.
En Arroyo Naranjo, las multas totalizaron 29 mil pesos en un solo operativo, mientras que en Diez de Octubre, Guanabacoa, Habana del Este y La Lisa se aplicaron sanciones que oscilaron entre 2 mil y 16 mil CUP, junto a decomisos de mercancías.
La nota indica que estas medidas buscan “garantizar la disciplina comercial y el respeto a los precios establecidos”, pero en la práctica, la situación sigue siendo la misma.
La Resolución 148/2025 anula la Resolución 69 emitida en abril de este año, lo que significa que, en menos de seis meses, La Habana ha alterado su marco regulatorio de precios agropecuarios en un intento por frenar una inflación sin precedentes; aunque, en el fondo, el problema de los precios en Cuba no radica en la disciplina, sino en la producción.
