Foto: RL Hevia
En el complejo entramado del transporte cubano, los trabajadores privados han sido, en muchas ocasiones, los auténticos “salvadores de crisis”. Su habilidad para mantener diversas funciones, incluyendo la movilidad diaria en medio de la escasez de combustible, fallos técnicos y las limitaciones estatales, los ha convertido en una pieza clave.
Su contribución coexiste con obstáculos, regulaciones y la presión de operar en un entorno burocrático, ineficiente y variable, más allá de los precios que establecen por los pasajes.
En 2024, el Ministerio de Transporte introdujo nuevas reformas en el reglamento de la Licencia de Operación de Transporte (LOT), la cual se emite a nombre de la persona solicitante para ofrecer servicios de transporte de pasajeros, carga y servicios auxiliares o conexos.
Entre los servicios que requieren la LOT se encuentran la administración de buques; agencias consignatarias y fletamento de buques; reservación y venta de boletos; carga; servicios de urgencias; alquiler de vehículos; operación de medios de transporte; estacionamiento o parqueo de vehículos; gestión de pasajeros en piquera; gestión de transportaciones; e instrucción en automovilismo, así como para personas naturales que son trabajadores contratados de un titular en actividades de transporte.
Un año después, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en su cuenta de Facebook que la proliferación de transportistas operando sin LOT constituye uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de movilidad en el país.
Aclaró que estas prácticas, que ocurren tanto en el sector estatal como en el no estatal, no solo desorganizan el sector, sino que “fomentan la evasión fiscal, promueven la violación de precios y exponen a la población a servicios sin las mínimas garantías de seguridad”.
A pesar de que las cifras oficiales evidencian un esfuerzo institucional por formalizar el transporte —hasta julio se habían otorgado 6 964 LOT a empresas y 32 436 a personas naturales, además de 73 347 comprobantes autorizados para medios e instalaciones—, el gobierno busca fortalecer la organización de quienes están debidamente licenciados.
Entre los problemas mencionados se encuentran la calidad del servicio, el cumplimiento de rutas y horarios, así como la necesidad de aprovechar al máximo las capacidades disponibles para cumplir con los llamados “encargos sociales”, especialmente en el transporte privado.
Sin embargo, uno de los aspectos que complica más el entorno —con o sin licencia— es el acceso a recursos básicos, especialmente el combustible.
La escasez afecta el rendimiento de los titulares de LOT y les obliga a reducir o suspender recorridos, pero la postura del gobierno es que “quien no consigue gasolina, no puede cumplir su responsabilidad”, a pesar de que estos medios son los que más pasajeros trasladan en el país.
En este contexto, el Ministerio de Transporte anunció que durante el último trimestre del año se implementarán medidas organizativas junto a las provincias y municipios, con el fin de agilizar los trámites, reforzar la legalidad y garantizar una mayor estabilidad a los transportistas que cumplen con la normativa.
No obstante, mientras la burocracia se digitaliza y los combustibles escasean, la vida cotidiana sigue moviéndose sobre ruedas que, con o sin licencia, continúan marcando el ritmo real de la movilidad en Cuba.
