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Texto: Fede Gayardo
Una mujer cubana fue grabada en un video que circula en el perfil de Instagram ‘La balsa cubana’, en el que aparece llorando desconsoladamente con su hijo en brazos, tras tener una cita con inmigración en Estados Unidos.
De acuerdo con su relato, durante ese encuentro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) detuvo a su esposo, mientras que ella fue autorizada a salir con el bebé, pero bajo la condición de regresar sola en pocos días y dejar al niño al cuidado de otra persona. Entre sollozos, relató que si hubiese llegado sin su hijo, también habría sido detenida.
Este caso ha generado un amplio debate en redes sociales, evidenciando la angustia que viven muchas familias inmigrantes. No se trata de un hecho aislado: hay informes de cubanos que, al ser citados por ICE o instituciones migratorias, enfrentan detenciones inesperadas, incluso cuando se presentan cumpliendo con sus obligaciones o gestionando citas.
La diferencia en esta situación es el bebé, lo que hace que este momento sea especialmente doloroso, al reflejar hasta dónde pueden llegar los procedimientos administrativos al mezclarse con la vulnerabilidad familiar.
En los últimos meses, la política de EE.UU. bajo la administración de Donald Trump ha intensificado las deportaciones y endurecido las normativas para inmigrantes. Más de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han perdido su estatus legal temporal, que les fue otorgado a través del programa de parole humanitario, dejándolas expuestas a expulsiones forzadas.
Asimismo, más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación firmes en EE.UU., aunque algunos gobiernos, incluido el cubano, han mostrado resistencia o han demorado la aceptación de aquellos que deben regresar.
Estas cifras evidencian la gravedad de la situación, que mantiene a miles de personas en la incertidumbre, enfrentando procedimientos migratorios más estrictos y con menos margen de protección.
La administración Trump ha priorizado la implementación de medidas como la expulsión acelerada, que permite la deportación de inmigrantes sin tener que pasar por procesos judiciales completos si no pueden demostrar una permanencia legal específica.
Además, ha revocado protecciones legales que anteriores administraciones habían otorgado, permitiendo a inmigrantes vivir y trabajar legalmente mientras se resolvían sus casos. Estas decisiones resultan cruelmente significativas cuando las familias asisten a citas migratorias con la esperanza de avanzar con sus trámites, solo para verse enfrentadas al riesgo de detenciones inmediatas o separación.
En medio de esta situación se encuentran actualmente los cubanos y otros inmigrantes, muchos de los cuales se debaten entre seguir las formalidades legales que podrían costar la separación familiar o eludir el sistema y exponerse a otros peligros.
