Foto: RL Hevia
Recientemente, la Gaceta Oficial divulgó una Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que establece los valores mínimos del suelo en propiedad para inmuebles destinados a uso hotelero y turístico en diversas áreas del país, con el propósito de “ordenar y actualizar” los precios de referencia en los polos de mayor desarrollo turístico en Cuba.
El documento replantea la manera en que el Estado cubano evalúa y negocia su patrimonio territorial frente al capital extranjero, marcando un nuevo capítulo en el proceso de monetización del suelo nacional.
La resolución establece que estos valores se implementarán de manera diferenciada en polos turísticos como La Habana, Varadero, Holguín, Cayo Coco, Trinidad y Santiago de Cuba, abarcando terrenos destinados a instalaciones hoteleras, campos de golf, parques temáticos y proyectos inmobiliarios relacionados con el turismo internacional.
Adicionalmente, se introduce un coeficiente de corrección que ajustará el valor del suelo en función de la duración de los contratos de derecho de superficie o usufructo, una modalidad común en los acuerdos de inversión extranjera.
De acuerdo con esta norma, el gobierno cubano establece precios que varían entre 65 y 1 264 dólares por metro cuadrado, siendo el Vedado en La Habana la zona con mayor valoración. Cabe señalar que el municipio especial Isla de la Juventud también aparece entre las áreas donde se permite la asignación de terrenos para fines turísticos.
Una práctica que no es nueva
Paralelamente, el país avanza en la formalización de una práctica que ya se ha llevado a cabo durante años: la concesión de tierras en usufructo o derecho de superficie a empresas extranjeras, contemplando la posibilidad de otorgar estos derechos no solo a compañías foráneas, sino también a individuos con residencia permanente en Cuba.
De hecho, ya hay antecedentes de este tipo de “venta” en el país, como el caso de una empresa vietnamita que recibió en Pinar del Río más de 300 hectáreas para la producción agrícola bajo el régimen de usufructo. En el sector turístico, empresas extranjeras han desarrollado proyectos de campos de golf y urbanizaciones en Bello Monte (La Habana), Guardalavaca (Holguín) y Varadero, donde el Estado mantiene la propiedad formal, pero cede el uso por períodos de hasta 99 años.
Aunque la norma no implica una “venta directa” de tierras, lo que está prohibido por la Constitución cubana, sí representa una valorización del suelo estatal como un activo comercial, susceptible de ser explotado por capital extranjero bajo contratos prolongados.
Para el gobierno cubano, esta política es una forma de atraer liquidez y sostener la expansión del turismo, en un momento en que la economía nacional enfrenta su mayor contracción en décadas y los ingresos por visitantes extranjeros aún no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia.
No obstante, la prioridad dada a la inversión hotelera y turística contrasta con el deterioro de servicios sociales básicos como la vivienda, salud y educación, así como con el evidente abandono de infraestructuras en municipios y provincias sin atractivo turístico.
Así, Cuba se abre al capital extranjero por necesidad, y el suelo, esa franja de soberanía que parecía intocable, comienza a valorarse en dólares.
