Foto: Archivo CN360
Hace alrededor de un mes, se descubrió una cabeza humana en avanzado estado de descomposición en un basurero de Santiago de Cuba. Nos gustaría afirmar que este es un suceso excepcional, pero en medio de la creciente ola de violencia en el país, este caso, aunque catalogado por la prensa estatal como “extremadamente grave”, se suma a otros hechos igualmente alarmantes.
¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Puede el gobierno cubano aún jactarse de la seguridad en las calles? Lo que solía ser una excepción, ahora ocurre con inquietante frecuencia.
De acuerdo con datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), entre enero y junio de 2025, se documentaron alrededor de 1,319 delitos verificados, superando la cifra total del año anterior y casi quintuplicando los registros del primer semestre de 2023. Este aumento representa un alarmante crecimiento del 378% en solo dos años.
Los números, obtenidos a través de denuncias en redes sociales y medios independientes principalmente, son solo la parte visible del problema: el propio observatorio reconoce que el subregistro es notable debido a la falta de transparencia informativa del Estado.
Las estadísticas no solo indican un aumento en la cantidad de delitos, sino también un cambio sustancial en su naturaleza. En el primer semestre de 2025, se reportaron 63 asesinatos, 61 asaltos, 198 incidentes relacionados con el tráfico o consumo de drogas, y al menos 35 crímenes cometidos con armas de fuego. Esta última cifra rompe un tabú histórico en la sociedad cubana, donde el uso de armas de fuego entre civiles ha sido escaso y su acceso rígidamente restringido por ley. El caso de Santiago no es una excepción; es un claro síntoma de una tendencia más amplia.
La violencia, como fenómeno estructural, se ha ido diversificando. Según el OCAC, provincias como La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Holguín lideran los registros delictivos. Santiago, en particular, acumula el mayor número de asesinatos documentados: 38 en lo que va del año, seguido de La Habana con 32 y Matanzas con 27. La aparición del narcotráfico como categoría autónoma, con 198 casos, confirma un patrón delictivo nuevo que evoca dinámicas propias de sociedades en crisis.
Recientemente, se registró el asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, en Caibarién, Villa Clara, lo que abre un nuevo capítulo sombrío en esta narrativa. El oficial, apodado “Cal Viva” por sus métodos represivos, fue hallado con seis puñaladas y un disparo en la cabeza, según informan medios no estatales.
A pesar de que las autoridades lograron capturar al presunto autor en un tiempo récord (algo que no es tan común en casos que involucran a civiles), la respuesta popular al crimen reveló un profundo malestar social: lejos de la imagen de “héroe revolucionario” que impulsa el discurso estatal, muchos lo veían como un agente de persecución y represión. La polémica en torno al caso sigue latente, las opiniones están divididas, pero es un hecho que también corrobora el exponencial aumento de la criminalidad.
Frente a esta realidad, que es mucho más compleja de lo que se presenta, el gobierno continúa insistiendo en que “la tendencia delictiva es a la baja”. No hay estadísticas oficiales completas, solo reportes puntuales sobre juicios ejemplarizantes o detenciones en flagrancia. No obstante, las autoridades han anunciado el inicio del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, una campaña coordinada entre organismos estatales, el Partido Comunista y el MININT. Pero, ¿cuál es el efecto real de estas acciones?
El propio OCAC advierte que estos operativos tienden a priorizar la vigilancia política sobre la protección ciudadana. Mientras siga esta lógica, la violencia no solo persistirá, sino que continuará escalando. En las calles cubanas hoy también se siente un palpable clima de miedo.
