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Una operación policial en la zona de Yamanigüey, en el municipio de Moa, Holguín, resultó en la detención de cuatro individuos relacionados con la extracción ilegal de oro. Las autoridades confiscaron herramientas de trabajo, segmentos del metal y más de 418 mil pesos en efectivo, según reportó el perfil de Facebook Realidades desde Holguín.
No es un evento aislado. En los últimos meses, el oriente cubano ha sido escenario habitual de tales prácticas. En Jobabo, Las Tunas, un agricultor fue sorprendido utilizando un molino artesanal para procesar tierra con contenido de oro. Ocho personas fueron detenidas en marzo en la misma área, y otro operativo similar se llevó a cabo en Santa Clara.
El medio oficialista subraya que los implicados enfrentarán cargos por “actividad económica ilícita y contaminación de los suelos”. Sin embargo, no se brindan detalles sobre el perfil de los detenidos ni las circunstancias en las que se llevaban a cabo estas actividades.
Desde el enfoque del Estado, estos incidentes son considerados delitos graves contra los recursos naturales del país. Sin embargo, esta perspectiva ignora un elemento esencial: la economía cubana se encuentra en una crisis que obliga a muchos a asumir riesgos para sobrevivir.
En una nación donde el control sobre los recursos naturales es fundamental, cualquier intento de extraer valor del suelo sin autorización se considera un delito. No existe un canal legal que permita a los ciudadanos acceder a esa riqueza, ni siquiera en pequeña escala, lo que convierte a la minería artesanal en un objetivo de represión.
Los discursos oficialistas utilizan términos como “parasitismo” o “delincuencia ambiental”, omitiendo el trasfondo social. La escasez, la inflación y la falta de oportunidades laborales son factores que ayudan a comprender por qué esta práctica se ha difundido, a pesar de los riesgos legales y personales que conlleva.
