Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado el inicio de un proceso de revisión sin precedentes que abarcará a más de 55 millones de titulares de visas vigentes.
Esta medida, presentada como una estrategia de seguridad nacional, tiene como objetivo detectar posibles violaciones que podrían resultar en la revocación de permisos y la deportación inmediata de quienes se encuentren en territorio estadounidense.
El escrutinio incluirá todas las categorías de visas de no inmigrante, tales como turismo, negocios, estudios, trabajo temporal e intercambio, y se llevará a cabo de manera permanente.
Los oficiales deberán evaluar la “elegibilidad continua” de cada titular, incluso después de haber recibido su visado.
La revisión no solo se limitará a comprobar antecedentes penales o violaciones migratorias evidentes, sino que también se basará en bases de datos policiales, registros judiciales e incluso en información obtenida de redes sociales y dispositivos electrónicos.
Organizaciones civiles y expertos en política migratoria advierten que esta medida podría dar lugar a abusos y discrecionalidad. Por ejemplo, señalan que el monitoreo de publicaciones en redes sociales podría facilitar sanciones basadas en opiniones políticas, más allá de conductas ilegales.
Además, desde el Instituto de Política Migratoria destacan que el proceso también afectará a millones de personas que poseen visas de entrada múltiples y que se encuentran fuera de Estados Unidos, lo que genera dudas sobre la eficiencia del gasto de recursos en casos donde los titulares tal vez no regresen al país.
Sin embargo, esta iniciativa refuerza la postura restrictiva del gobierno de Donald Trump, que insiste en que “ninguna visa es definitiva”.
Con esta política, Washington envía un mensaje claro: los titulares de visas deberán ajustarse estrictamente a las normas, ya que sus permisos estarán sujetos a vigilancia constante y revocación inmediata en caso de detectarse cualquier irregularidad.
