Foto: Tampa Hoy / Captura de Youtube
La política migratoria del presidente Donald Trump ha resurgido en el foco de la controversia, esta vez con el caso de Yelenis Pérez, una abuela cubana de 63 años, residente en Florida, que enfrenta una orden de deportación después de más de tres décadas de vida en Estados Unidos.
Pérez, quien trabajó 27 años en la Universidad de Tampa y mantenía un estatus migratorio supervisado, recibió el pasado 14 de julio una notificación formal por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informándole que debía abandonar el país en un plazo de 90 días.
Esta medida ha generado preocupación en su círculo familiar y laboral, convirtiéndose en un símbolo del endurecimiento de las políticas migratorias bajo la nueva administración republicana. «Desde ese día no soy la misma. Mi vida ha cambiado totalmente», compartió Pérez entre lágrimas en una entrevista con el canal Tampa Hoy. «He cumplido con todo. Nunca he fallado», añadió con profunda emoción.
Yelenis estaba bajo el estatus C18, que le permitía residir temporalmente en el país a pesar de una orden de deportación, siempre y cuando no se pudiera ejecutar la remoción inmediata. No obstante, en un giro inesperado, ICE le comunicó que ya no podían aceptar su permanencia, reactivando así su proceso de expulsión.
El asunto se complica por la expiración de su pasaporte cubano; su renovación, según le informaron en el consulado de La Habana, podría demorar varios meses. Desde el 1 de abril de este año, el gobierno cubano impide el ingreso de ciudadanos con documentación vencida, lo que deja a Pérez en un limbo legal sin garantías de ser recibida en su país natal.
«El temor que tengo es que Cuba no me acepte y entonces ICE determine a qué país enviarme. Eso es lo que no quiero», manifestó. Casos recientes evidencian que esta posibilidad no es lejana: dos cubanos fueron deportados recientemente a Sudán del Sur después de agotar sus apelaciones legales.
Yelenis ha solicitado públicamente la intervención de las autoridades federales y un tratamiento humanitario. «Yo quisiera quedarme en el país porque tengo a mis hijos. ¿Qué va a ser de ellos sin mí?», se lamentó, visiblemente angustiada. Su familia, incluyendo a su esposo y nietos, reside legalmente en Florida.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han expresado indignación en redes sociales, exigiendo una revisión urgente del caso. Denuncian que esta situación refleja un aumento en la política migratoria restrictiva del actual gobierno, que prioriza expulsiones sin considerar las circunstancias humanitarias.
Mientras tanto, el tiempo avanza para Yelenis Pérez, quien podría verse obligada a abandonar el país que ha sido su hogar durante más de 30 años, en un contexto de creciente presión sobre las comunidades migrantes en todo Estados Unidos.
