Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
El proceso de legalización de documentos docentes para su validez en el extranjero y en Cuba ha enfrentado dificultades debido al incremento de solicitudes, la demora en la recogida de servicios en las instituciones, la existencia de planes temáticos de carreras fusionadas y antiguas, y el incumplimiento de los plazos establecidos, según un reporte del diario estatal Granma.
En declaraciones a dicho medio, la responsable del Departamento Jurídico Independiente del Ministerio de Educación Superior, Denisse Pereira Yero, explicó que el procedimiento comienza con la firma de un contrato de servicios jurídicos suscrito por el interesado o su apoderado ante organismos especializados como Bufetes Internacionales, Lex, Transconsul o Conabi.
De acuerdo con el Acuerdo No. 7538, promulgado en 2014, las instituciones educativas cuentan con 45 días hábiles para emitir una respuesta, contados desde la fecha de recepción de la solicitud.
Posteriormente, “una vez recibida la solicitud en la universidad correspondiente, comienza el trabajo interno, que involucra varias estructuras”, amplió la funcionaria cubana.
No obstante, la falta de personal capacitado, la escasez de materiales y las dificultades de traslado entre sedes distantes han afectado considerablemente la rapidez del proceso, añadió Pereira Yero.
Si bien el propio Acuerdo de 2014 establece que “los organismos de la Administración Central del Estado con centros adscritos que legalizan documentos tienen hasta cinco días hábiles para llevar a cabo el proceso”, Pereira Yero expresó que “en su caso, ese plazo no se aplica”.
Aún así, afirmó que “los trámites siempre son ágiles” y que, salvo en situaciones donde se sospecha de falsedad documental, caso en el cual los documentos se retienen para verificar su autenticidad, no queda ninguna solicitud sin ser atendida.
El reporte de Granma también señala que solo se rechazan los expedientes si faltan contratos firmados, si el documento carece de firmas de las autoridades competentes, si el contrato es ilegible, si no aparece el nombre del beneficiario (en caso de que quien contrata no sea el titular) o si no se realizó el “reconocimiento de firma” previo, cuando es un requisito.
En referencia a las cifras de estos trámites en las universidades más demandadas, Pereira Yero detalló que en la Universidad de La Habana, entre 2023 y julio de 2025, se tramitaron 22,452 expedientes de pregrado y posgrado, de los cuales 17,463 ya concluyeron su proceso y 5,059 permanecen pendientes.
Por su parte, la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) cerró 2022 sin deudas en sus servicios de legalización. En 2023, identificaron tres casos inconclusos “que serán devueltos porque, tras una exhaustiva búsqueda, no se localizaron los expedientes”. Hasta la fecha, han gestionado más de 6,300 documentos.
Asimismo, se informó que el año pasado, el Departamento Jurídico Independiente del Ministerio de Educación Superior validó 30,789 documentos y solo en el primer semestre de 2025 ya alcanzó las 16,788 legalizaciones.
Estos últimos están distribuidos principalmente en títulos (7,933), certificaciones de notas (4,905) y planes temáticos (3,325); fotocopias de documentos (120), certificaciones (471) y otros documentos de diversa naturaleza (34).
