Foto: Cuba Noticias 360
Miguel Díaz-Canel ya no podrá ingresar a territorio estadounidense. Así lo comunicó este viernes el Departamento de Estado, que lo acusó de estar implicado en “graves violaciones de los derechos humanos” en relación con la represión del 11 de julio de 2021. La sanción también se extiende a sus familiares directos.
No se trata de una acción aislada. Es una medida concreta respaldada por la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que prohíbe la emisión de visados a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o abusos. “Estados Unidos nunca olvidará la valentía del pueblo cubano hace cuatro años”, declaró una funcionaria de alto rango al Miami Herald.
El castigo no se limitó únicamente a Díaz-Canel. También se sancionaron a dos de sus principales colaboradores: Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior. Ambos lideraron la respuesta militar y policial durante las protestas. Sus familiares también tienen prohibida la entrada al país.
Además, aunque sin especificar nombres, se añadieron restricciones de visado a varios jueces, fiscales y oficiales penitenciarios. El gobierno estadounidense los responsabiliza de detenciones arbitrarias, juicios sin las debidas garantías y torturas a los manifestantes del 11J. La confidencialidad migratoria impidió identificar a los afectados, pero el mensaje político es claro.
Esta medida, de hecho, podría restringir la posibilidad de que Díaz-Canel asista a eventos multilaterales celebrados en Estados Unidos, como la Asamblea General de la ONU. Hasta ahora, su participación en esos foros le ha permitido mantener una imagen internacional que cada vez resulta más difícil de sostener.
No es algo inédito, pero sí de gran importancia. En 2019, la administración Trump impuso sanciones similares a Raúl Castro y a sus hijos. Sin embargo, esta es la primera vez que un presidente en funciones recibe un castigo directo de este tipo. La señal es clara: Washington no reconoce ni legitimidad ni inmunidad al actual presidente cubano.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Bruno Rodríguez, canciller cubano, escribió en X que las sanciones no lograrán “doblegar la voluntad del pueblo ni de sus dirigentes”. Sin embargo, ese tono desafiante tuvo escasa repercusión. “¿Por qué les duele tanto si dicen que no les interesa ir allá?”, planteó una usuaria en redes, reflejando el escepticismo de la ciudadanía.
Asimismo, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, tildó la sanción de un acto de “soberbia e impotencia”. Y añadió: “La pretendida sanción se asume con orgullo”. Para muchos cubanos, esta declaración sonó más a propaganda que a convicción. Las reacciones lo confirmaron: burlas, críticas y una pregunta repetida. ¿Qué sentido tiene defender la soberanía viajando al “imperio”?
