Foto: Banco Metropolitano / Facebook
Un reciente acto vandálico contra un cajero automático, que tuvo lugar la noche del sábado 5 de julio en la sucursal 300 del Banco Metropolitano (Banmet), situada en la intersección de Diez de Octubre y Lacret, ha reavivado el descontento de la población ante una crisis económica que persiste sin dar tregua.
En un comunicado oficial, Banmet calificó este incidente como una agresión directa a la tranquilidad de los ciudadanos y desvinculó estas acciones del “pueblo trabajador”. Al mismo tiempo, reconoció, aunque con ciertas reservas, las “insatisfacciones acumuladas” derivadas de la falta de efectivo y la creciente inoperatividad de los equipos en el país.
La institución atribuye parte de esta crisis al “bloqueo” estadounidense y a la dificultad de reparar unidades obsoletas por ausencia de piezas. Según datos del propio banco, la red de cajeros llegó a contar con más de 500 terminales en toda Cuba, pero actualmente ha disminuido drásticamente, lo que ha llevado a reubicar muchos de ellos dentro de las sucursales y a restringir su uso fuera del horario laboral.
Más allá del acto vandálico en sí, lo sucedido señala una tensión creciente entre la ciudadanía y un sistema financiero colapsado. Largas esperas, escasez de liquidez, limitaciones tecnológicas y una escasa confianza en los canales digitales han convertido las operaciones bancarias diarias en una experiencia frustrante para millones de cubanos que cada vez dependen más de estos dispositivos para cobrar sus salarios y disponer de efectivo.
Aunque Banmet asegura que continúa trabajando en soluciones como la instalación de nuevos aparatos y el fortalecimiento de la banca remota, estas medidas aún parecen insuficientes para proporcionar un alivio real. El país enfrenta una crisis estructural que impacta directamente en los servicios públicos, siendo el sector bancario uno de los más críticos.
En este escenario, los ataques a cajeros, aunque reprobables, pueden interpretarse también como una expresión desesperada de una ciudadanía que no encuentra canales efectivos para exigir soluciones. En los últimos meses, este tipo de actos se han incrementado, no solo en relación a los servicios bancarios, sino también se han reportado ataques a ómnibus urbanos y a redes de telefonía.
De hecho, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular emitió en mayo pasado un dictamen en el que establece que los actos vandálicos contra infraestructuras y servicios esenciales para la población serán considerados sabotaje.
