Playas accesibles: un derecho que se vuelve cada vez más costoso en Cuba

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Foto: Cuba Noticias 360

Con la llegada del verano, miles de cubanos buscan escapar del calor intenso en una de las mayores riquezas naturales del país: sus playas. Sin embargo, disfrutar de estos espacios públicos enfrenta obstáculos cada vez mayores relacionados con el transporte, la higiene y los precios en el país.

Tradicionalmente, el transporte público hacia playas como Santa María del Mar, Guanabo o incluso Varadero había sido una opción muy utilizada por los residentes de la Isla. Sin embargo, este verano se confirma la tendencia que ya venía de años anteriores, con rutas escasas, horarios impredecibles y una infraestructura incapaz de asumir la demanda.

Los viajes pueden tardar horas solo en espera en las paradas, lo que lleva a muchos a optar por transportes privados, cuyos precios han aumentado significativamente. Un viaje a Santa María desde La Habana puede costar entre 400 y 800 CUP por persona en taxis privados, una cifra inaccesible para muchas familias.

Precios por las nubes, arena para pocos

Una vez en la playa, los costos asociados al disfrute son una barrera adicional. Un refresco en puntos privados supera fácilmente los 150 CUP, y un simple almuerzo (arroz congrí, carne y ensalada) en cualquier negocio privado puede sobrepasar los 1000 CUP por persona. Para una familia promedio, pasar el día en la playa puede representar el salario de un mes, o más.

La dolarización parcial de los servicios acentúa aún más la brecha entre quienes tienen acceso a remesas o ingresos en moneda dura y quienes dependen del salario en pesos cubanos.

Otro factor crítico es la higiene y conservación de las playas. En muchos puntos del litoral, la acumulación de desechos sólidos es evidente. Bolsas, botellas, restos de alimentos y materiales de construcción aparecen en la arena y sus alrededores. Los servicios comunales de limpieza trabajan con recursos mínimos, mientras que la conciencia ciudadana sobre el cuidado del entorno sigue siendo deficiente.

Las campañas educativas son esporádicas y el trabajo de voluntarios o iniciativas locales es escasísimo. En algunas zonas, como Bacuranao o Guanabo, los residentes denuncian la falta de baños públicos, la suciedad en la arena y la contaminación de canales que desembocan en el mar, entre otras problemáticas. La playa no es lo que era, aseguran.

Derecho al ocio o lujo veraniego

La Constitución cubana reconoce el derecho al esparcimiento como parte de la calidad de vida, y las playas, en teoría, son de libre acceso. Pero en la práctica, las condiciones actuales plantean una incómoda pregunta: ¿sigue siendo el mar un bien común o se está convirtiendo en un lujo?

En contraste, los turistas extranjeros que se alojan en polos como Varadero, Cayo Santa María o Guardalavaca acceden a playas limpias, seguras y con servicios estables. Mientras tanto, muchos cubanos deben conformarse con zonas más deterioradas o incluso renunciar por completo a la idea de bañarse en el mar.

Expertos en urbanismo y economía han señalado varias maneras de revertir esta situación. Entre las más evidentes está la ampliación o refuerzo del transporte durante los meses de verano, aunque las últimas estadísticas del parque automotor estatal no ofrecen muchas esperanzas.

Además, se ha pedido fortalecer las campañas de concientización ambiental en escuelas y medios; establecer normas más estrictas para los negocios cercanos a las playas en cuanto a precios e higiene; y fomentar iniciativas comunitarias para el cuidado de playas con incentivos estatales.

Lo que debería ser un alivio colectivo se ha convertido en un termómetro social. Las playas reflejan con crudeza la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida cotidiana en Cuba.

Mientras el discurso oficial insiste en el “bienestar del pueblo”, la realidad muestra familias que deben elegir entre comer o ir al mar, jóvenes que caminan kilómetros bajo el sol por la falta de transporte, y costas sucias donde la improvisación suple a la gestión.

No se trata solo de veranear o refrescar el cuerpo, se trata del derecho al disfrute, al descanso y a la dignidad. Si el acceso a las playas sigue restringido por los precios, la ineficiencia y el abandono, ¿qué queda realmente del modelo de igualdad social que se proclama? Recuperar las playas y hacerlas más accesibles para todos, en todos los sentidos, no es solo una cuestión logística, es una deuda pendiente del Estado.

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