Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
Las Bahamas cancelarán los contratos vigentes con el Gobierno cubano y brindarán empleo directo a los profesionales de la salud de la isla, a raíz de conversaciones con Estados Unidos y crecientes críticas sobre la explotación laboral.
Michael Darville, ministro de Salud de Bahamas, declaró durante una sesión en el Parlamento que “tras negociaciones exitosas, estamos listos para anular todos los acuerdos contractuales existentes y establecer contratos directos con los profesionales cubanos de la salud que se encuentran actualmente en Las Bahamas”.
Este nuevo modelo busca eliminar la intermediación del Estado cubano, acusado en numerosas ocasiones de retener una parte considerable del salario de sus trabajadores enviados al extranjero.
Según el funcionario, citado por medios no estatales cubanos, aquellos que no acepten el nuevo esquema de contratación tendrán un plazo para finalizar sus labores y regresar a Cuba.
En la actualidad, hay unos 35 profesionales cubanos de la salud en Bahamas, la mayoría son técnicos de laboratorio, ingenieros y radiólogos.
Darville también anunció que las contrataciones de nuevos médicos y maestros cubanos están suspendidas, hasta que se concreten las conversaciones con el gobierno estadounidense.
Esta decisión se toma en un contexto de creciente presión internacional sobre el programa de exportación de servicios de la mayor de las Antillas, especialmente tras la publicación de documentos confidenciales por parte de Archivo Cuba, una organización sin fines de lucro con sede en Miami dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en la isla.
La filtración reveló que los profesionales cubanos en Bahamas recibían entre 990 y 1,200 dólares mensuales, a pesar de que el gobierno bahameño pagaba a Cuba hasta 5,000 dólares al mes por cada uno, diferencia que se transfería al Estado cubano a través de la empresa estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).
Otros reportes han informado que muchos profesionales en misión son víctimas de diversas restricciones, incluyendo la retención de pasaportes, vigilancia política, prohibición de establecer relaciones personales con nacionales del país anfitrión, y cláusulas de confidencialidad sobre las condiciones de su contratación.
A pesar de que estas y otras acusaciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han sido rechazadas públicamente por gobiernos de América Latina y el Caribe, así como por Cuba, varias naciones caribeñas han anunciado que iniciarán conversaciones con Estados Unidos sobre trata de personas.
