Foto: RL Hevia
Durante una sesión ordinaria del Consejo de Estado llevada a cabo este mes de junio, las autoridades cubanas aprobaron un nuevo Decreto-Ley titulado “De Aduanas”. La Aduana General de la República (AGR) hizo este anuncio oficialmente a través de sus redes sociales, aunque aún no se ha precisado cuándo se publicará el texto completo.
La medida, presentada con el apoyo del Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, tiene como objetivo modernizar el marco legal del sistema aduanero cubano. Su alcance abarca el funcionamiento de la AGR, el control en las fronteras y los procesos relacionados con viajeros, envíos y mercancías, tal y como había comentado previamente Nelson Cordovés Reyes, jefe de la AGR.
Este decreto no es un hecho aislado. En abril, ya había recibido la aprobación del Consejo de Ministros, junto a una fundamentación jurídica y técnica. Según afirman las autoridades, se alinea con los principios constitucionales y con las normativas vigentes de carácter tributario, comercial y administrativo.
A pesar de su aparente relevancia, el texto legal aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial. Asimismo, no se ha especificado dónde se podrá consultar, lo cual ha suscitado dudas y cuestionamientos entre la ciudadanía, especialmente en las redes sociales, donde se reclama mayor transparencia y detalles sobre su contenido real.
El contexto es relevante. A finales de 2024, se modificó el Decreto-Ley 22 para establecer que los aranceles sobre importaciones de carácter no comercial se calcularan en pesos cubanos basándose en el valor en dólares. En ciertos casos, incluso se puede optar por pagar en moneda convertible. Además, se otorgó al Ministro de Comercio Exterior la autoridad para autorizar excepcionales operaciones no comerciales realizadas por entidades estatales.
Todo esto crea un panorama legal cada vez más complejo para los ciudadanos cubanos, que ya enfrentan dificultades al importar bienes esenciales. La implementación del nuevo decreto podría traer cambios en las reglas, aunque todavía no está claro en qué dirección se orientarán.
Más allá de la retórica institucional, el anuncio genera incertidumbre. ¿Qué implicaciones tendrá para aquellos que viajan, reciben paquetes o traen productos al país? ¿Se facilitarán los procesos o se endurecerán los controles? Las respuestas aún permanecen ausentes.
