Texto: Hugo León
Collage: RRSS
Susana Patricia Morua Goicoechea, madre soltera de dos niñas de 1 año y 3 meses, envió una carta al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, solicitando ayuda, ya que han sido notificadas en un mes sobre su desalojo y la posibilidad de quedar en la calle.
En una carta compartida en la red social Facebook, Susana, de manera muy respetuosa, mencionó que es originaria y reside en una ciudadela ubicada en la calle A # 759 apto 4 / Zapata y 33.
También destacó que es graduada universitaria en la carrera de Imagenología y trabaja en el Hospital Freyre de Andrade, que se encuentra en la avenida Carlos III, en La Habana.
“Ocupé un apartamento de forma ilegal debido a que mi vivienda es inhabitable ya que no fue incluida en el proyecto de rehabilitación de las ciudadelas”, aclaró.
Susana indicó que durante aproximadamente dos años ha estado contactando a todos los organismos correspondientes, incluyendo el Gobierno y Partido municipales, el Gobierno Provincial, la Federación de Mujeres Cubanas y la Atención a la población del Consejo de Estado, sin obtener una solución a su situación.
Destacó que, como último recurso, se dirigió a la gobernadora provincial para tratar de resolver su caso y el de sus hijas.
En uno de los comentarios de su publicación en Facebook, una ciudadana mencionó que ella es madre de siete niños menores y, hasta el momento, no le han proporcionado ni una cama.
La mujer, que se identifica como Marllara Proenza, afirmó que en su casa suelen presentarse alrededor de 15 personas, quienes miran, toman notas y se retiran.
Soy graduada con título y no sirve de nada. Que Dios quiera y te ayuden porque a mí no me han hecho caso y ya estoy cansada de tanto vaivén. Si te ayudan, avísame para saber qué hacer, expresó.
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 71, reconoce el derecho de todas las personas a tener una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable.
Añade que el Estado garantiza este derecho a través de programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en consonancia con las políticas públicas, las normas de ordenamiento territorial y urbano y las leyes.
Además, cada año la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba el Presupuesto del Estado, que destina significativos recursos para apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad, bajo el principio de que en Cuba nadie quedará desamparado.