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A partir de este lunes, un nuevo marco legal regula los precios de las obras de construcción en Cuba, limitando las ganancias y exigiendo la utilización de un sistema denominado PRECONS III, que se implementará a partir de julio para todos los participantes en el sector, ya sean estatales o no.
La Resolución, publicada el 12 de mayo en la Gaceta Oficial, representa un cambio significativo en la política de precios del sector constructivo. El objetivo del Estado es frenar la inflación de presupuestos y limitar la discrecionalidad de empresas estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores independientes. Según esta norma, las utilidades no podrán sobrepasar el 15 % de los costos directos de cada proyecto.
En términos concretos, los constructores deberán trabajar con márgenes reducidos. Se establecen límites claros: un coeficiente de hasta 1.0 sobre el costo de la mano de obra directa y 0.3 sobre el uso de equipos. Esta disposición busca controlar el aumento artificial de precios que ha caracterizado a muchos proyectos en los últimos años.
Los presupuestos dejarán de ser meras formalidades. Ahora, deberán incluir tarifas oficiales, listas de precios de materiales y cálculos técnicos que sean auditables. Además, será obligatorio presentar una memoria descriptiva de cada proyecto. Tanto el Ministerio de Finanzas y Precios como el Ministerio de la Construcción se encargarán de fiscalizar los contratos y exigirán precios cerrados, salvo algunas excepciones muy contadas.
Una innovación es la posibilidad de ofrecer pagos adicionales a los trabajadores que laboren en condiciones adversas, para lo cual se requerirá una justificación técnica-económica. Este reconocimiento oficial atiende a una demanda histórica de las brigadas constructivas que enfrentan desafíos en obras complejas o en zonas de difícil acceso.
Asimismo, el ajuste tiene repercusiones fiscales. Las formas de gestión no estatal que colaboren con el Estado deberán tributar el impuesto sobre ventas, sin trasladas ese costo al precio final. La resolución incluso prohíbe incluir márgenes arbitrarios en los servicios de transporte o en el uso de equipos, exigiendo en su lugar una justificación detallada de cada gasto.
Aunque la intención oficial es contener precios abusivos —especialmente en la construcción de viviendas—, esta medida podría desincentivar a los pequeños actores del sector si no se acompaña de mejoras en el suministro de materiales y en las tarifas laborales actuales.
PRECONS III busca instaurar una mayor transparencia en las obras financiadas con recursos públicos. Esto podría traducirse en presupuestos más claros y verificables, una exigencia creciente en tiempos de crisis económica y escasez de recursos.
