Foto: Jorge Luis Borges
Texto: Darcy Borrero
El principal reto de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Cuba —según un análisis económico elaborado en 2014 por Yarbredy Vázquez y Leonardo Arredondo Cervantes— radica en reconocerlas como una parte esencial en la solución de los problemas económicos de la isla, en lugar de considerarlas una solución temporal.
En junio de 2021, medios internacionales informaron que el Gobierno de Cuba autorizó la creación de MiPyMEs, tanto en el sector público como en el privado.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, explicó en una reunión del Consejo de Ministros que las empresas privadas pueden constituirse, excepto aquellas que figuran en la lista de “actividades prohibidas para el sector privado”, la cual abarca gran parte del ámbito profesional y cultural.
El sentido común indica que tanto los emprendedores como el gobierno enfrentan el desafío de implementar eficazmente este tipo de empresas mientras no se reconozca completamente a las MiPyMEs privadas cubanas de manera legítima e institucional.
En el análisis mencionado, titulado “importancia de las pymes en el mundo. Recomendaciones para Cuba,” publicado en la Revista Cubana de Economía Internacional, se han identificado nuevas tendencias y contextos que, desde hace siete años, influyen en el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se ofrecen recomendaciones de política económica orientadas a aprovechar el potencial de las empresas de pequeño formato en Cuba.
Para esto, se hace referencia al contexto internacional: “Aunque es complicado obtener información precisa, las estimaciones indican que más del 95% de las empresas en el mundo son MiPyMEs, generando más del 60% del empleo en el sector privado (Ayyagari et al, 2011). Japón tiene la mayor proporción de PYMEs entre los países de la OECD, donde el 99% de sus empresas se clasifican como tales. India reconocía 13 millones de PyMEs en 2008 (The Economist Intelligence Unit [EIU], 2010), que representan el 80% de las empresas del país (Ghatak, 2010); las autoridades de Sudáfrica contabilizan el 91% de las entidades de empleo formal como PyMEs (Abor y Quartey, 2010).”
Además, para principios de 2014, la Unión Europea estimaba que el 99,7% de sus empresas eran PyMEs, las cuales empleaban al 66,6% de su fuerza laboral y contribuían al 57,8% de la creación de valor agregado del bloque regional.
Sin embargo, las nuevas MiPyMEs cubanas, según informes de prensa internacional, no podrán dedicarse a sectores como la salud, las telecomunicaciones o la energía, considerados “estratégicos” por el estado.
Tampoco podrán centrarse en actividades que en la isla son permitidas para trabajadores por cuenta propia (programadores informáticos, traductores e intérpretes, veterinarios de animales domésticos, diseñadores, ciertos tipos de consultorías, etc.).
Estas regulaciones se sitúan en el contexto de la crisis económica cubana, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Con una contracción del 11% del PIB en 2020, el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Alberto Marrero está aprobando estas medidas para “ordenar” a los actores en el escenario económico. Así lo afirmó el presidente, mientras su administración prometió “liberar al sector privado” en febrero pasado.
Díaz-Canel también señaló que esta decisión de reconocer nuevos actores económicos permitirá al Estado alejarse de “actividades que no son fundamentales en el desempeño económico.”
«Necesitamos que el sector estatal sea más proactivo, que sea más eficiente, que se sacuda de la inercia y que sea más innovador. Todo lo que sea ineficiente, corrupto e ilegal; todo lo que carezca de dinamismo y no sea innovador y proactivo, es dañino, sea estatal o no estatal», añadió Díaz-Canel en declaraciones recogidas por ‘Diario de Cuba’.
Marrero aclaró que, a pesar de la apertura económica, «la empresa estatal es el sujeto principal de la economía», advirtiendo que la ampliación de actividades en formas no estatales de gestión (empresas privadas) no lleva a un proceso de privatización. «Hay límites que no se pueden sobrepasar», sentenció.
Además, en este caso, deberían considerar las recomendaciones de expertos, quienes desde 2014 instan a las instancias gubernamentales a proporcionar a las MiPyMEs acceso a mercados mayoristas. “Por razones evidentes de eficiencia, el acceso del sector privado a mercados mayoristas es una necesidad urgente.”
También se menciona en el informe que, debido a la relación entre el mercado mayorista y la importación en una economía con problemas de seguridad alimentaria y disponibilidad de materias primas como la cubana, “este objetivo parece difícil de alcanzar en el corto plazo, si no se aumentan drásticamente las exportaciones.”
Como alternativa, proponen trasladar “algunas cuotas de mercado mayoristas que hoy controlan grandes empresas estatales” al sector no estatal, estableciendo mecanismos para evitar problemas como el acaparamiento y la especulación. “Sin embargo, a mediano plazo parece insostenible el encarecimiento que provoca que tanto los hogares como las MiPyMEs dependan del mercado minorista para abastecerse. La situación se agrava al añadir el tema de los mercados informales”, concluye el documento.
