Foto: Jorge Luis Borges / CN360
En el memorando presidencial dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, se establece claramente que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, Washington “no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio” ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria.
La Casa Blanca ha anunciado que no ofrecerá ayuda no humanitaria o no vinculada al comercio durante el próximo año fiscal y se opondrá a la concesión de préstamos internacionales por esos conceptos a varios países, incluido Cuba.
La justificación del presidente Biden señala que las sanciones se deben a que estos países “no hacen lo suficiente” para combatir el tráfico de personas, y se mantendrán “hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos” establecidos en la Ley de Protección de Víctimas de Trata “o realicen esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares”.
Además, el presidente demócrata ha instruido a los representantes de Estados Unidos en cada banco multilateral de desarrollo a “votar en contra y hacer todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución” que no se destine a lo que ellos consideren “ayuda humanitaria”, “ayuda comercial” o “ayuda para el desarrollo”.
En este contexto, Washington impone sanciones a Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
Por otro lado, el presidente de EE.UU. ha determinado que no se proporcionará “asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio” a Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur. Sin embargo, se han excluido de estas medidas, por “interés nacional”, a Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.
Para Rusia y Eritrea, se ha concedido una “exención parcial” que permite la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de sus Gobiernos.
