La activista villaclareña Saily González, reconocida anteriormente como uno de los rostros más visibles de la plataforma Archipiélago, fue detenida por la Seguridad del Estado (SE) cubana, quienes le confiscaron su teléfono y otros objetos personales.
En la tarde del pasado viernes, usuarios en redes sociales informaron sobre la desaparición de la también emprendedora cubana, quien había acudido al Tribunal Provincial de Santa Clara para presentar un Hábeas Corpus en favor de familiares y amigos de Andy García Lorenzo, uno de los jóvenes enjuiciados por su participación en las protestas del 11 de julio.
“En estos momentos estoy dirigiéndome al Tribunal Provincial de Villa Clara (el mismo Tribunal donde actualmente están siendo juzgados los 16 manifestantes del 11 de Julio) para presentar el recurso de Habeas Corpus para los ciudadanos Jonatan López Alonso, Roxana García Lorenzo, Pedro López y su esposa Yenia Alonso. Los cuatro han sido desaparecidos forzosamente por agentes de la policía política al servicio de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la Presidencia de Cuba esta mañana cuando se dirigían al juicio de Andy García Lorenzo”, escribió Saily en su perfil de Facebook.
Además, solicitó a sus seguidores que estuvieran atentos a su situación y etiquetó a organismos internacionales como la Unión Europea, el Parlamento Europeo y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Como ciudadana cubana tengo derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución de la República de Cuba. Cualquier intento de restringir este derecho (como lo han hecho con la familia de Andy) es una violación de mis derechos constitucionales y humanos”, continuó Saily en su publicación justo antes de su detención.
Reportes posteriores indicaron que la SE impidió que la activista llegara al tribunal y la condujo hacia la prisión La Pendiente de Santa Clara.
Allí fue acusada de desorden público y desacato, y se le confiscaron equipos como un disco duro, audífonos inalámbricos y su teléfono, según informaron otros activistas en redes sociales.
“Ya están libres Roxana García Lorenzo, Jonatan López Alonso y Saily González Velázquez”, escribió Betty Guerra en Facebook.
Además, especificó que la confiscación de sus teléfonos se realizó bajo el amparo del decreto-ley 370, el cual regula lo que se publica en Internet.
Asimismo, bajo esta normativa, se les impuso una multa de tres mil pesos cubanos.
