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Numerosas quejas han surgido en redes sociales y otros espacios, denunciando la arbitrariedad de los procesos judiciales llevados a cabo tras los acontecimientos del 11 de julio (11J).
En cierta medida, debido a estas protestas, las autoridades cubanas han decidido reducir varias condenas de individuos acusados por los sucesos que conmocionaron al país a mediados del año anterior.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSJ) ha disminuido las penas de cárcel de 13 de los manifestantes en hasta 10 años y ha modificado el régimen de trabajo correccional para otros dos, sin internamiento en uno de los casos.
Un informe de la agencia EFE señala que esta es la primera sentencia del TSJ en respuesta a la apelación de un grupo de condenados tras lo sucedido en el barrio de La Güinera, Arroyo Naranjo. “La nueva sentencia, a la que tuvo acceso EFE, es firme y establece penas de prisión por un total de 179 años, con casos individuales de hasta 22 años”, detalla el texto.
El fallo del TSJ responde a un recurso de casación presentado por los 15 procesados, quienes señalaron que no debieron ser juzgados por el delito de sedición.
Algunos argumentaron que debieron ser procesados por delitos como desorden público, mientras que otros afirmaron que hubo “quebrantamiento de formalidades procesales” y de “garantías individuales” durante sus juicios.
Varios de los manifestantes habían sido condenados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana en primera instancia a penas de hasta 30 años de prisión.
Según el TSJ, estas decisiones del tribunal provincial no fueron adecuadas, ya que no tomaron en cuenta que nueve de los acusados admitieron los hechos y colaboraron en su esclarecimiento.
Además, calificó las penas impuestas en primera instancia de “extremadamente rigurosas” y acogió el “motivo del recurso solicitando generosidad” en el caso de 11 de los sancionados.
