Texto: Hugo León
Foto: Archivo CN360
Una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos podría representar un cambio significativo para cientos de miles de migrantes venezolanos. Este lunes, el alto tribunal autorizó al gobierno a anular el Estatus de Protección Temporal (TPS) que hasta ahora amparaba a más de 350 mil individuos de ese país.
El fallo revoca temporalmente una decisión anterior de un juez federal en California, que había bloqueado la eliminación del programa. La votación resultó mayoritariamente favorable, con una única disidencia: la de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien advirtió sobre las repercusiones humanitarias de esta medida.
TPS: frágil protección para venezolanos
El TPS es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de países afectados por guerras o desastres naturales vivir y trabajar legalmente en EE. UU. sin necesidad de otra vía migratoria. Venezuela fue incluida bajo la administración de Joe Biden, pero desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el programa ha enfrentado intentos sistemáticos de eliminación.
Aunque el fallo de la Corte no implica deportaciones inmediatas, representa el inicio de una nueva etapa de incertidumbre, especialmente para aquellos que han construido sus vidas en EE. UU. bajo la protección temporal del TPS.
También en la mira: parole humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses
La ofensiva legal no se limita al caso venezolano. La administración de Trump también ha solicitado al Supremo que permita la revocación del programa de parole humanitario establecido durante el mandato de Biden. Este mecanismo ofrecía entrada legal por vía aérea y permisos de trabajo temporales a más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La anulación de este programa también fue bloqueada en marzo por un juez federal, quien argumentó que la medida podría estar motivada por razones políticas o incluso discriminación racial, afectando especialmente a comunidades vulnerables de países latinoamericanos y caribeños.
Política migratoria de EE.UU.: más restricciones
La reciente ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia del nuevo gobierno de Trump, que busca reinstaurar una política migratoria restrictiva similar a la de su primer mandato.
Según informes de AP y otros medios internacionales, la administración presentó una apelación de emergencia para apresurar la cancelación del TPS, que había sido extendido hasta 2026. Con la decisión del Supremo, esa protección podría terminar este mismo año.
La actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó en febrero anular la extensión del TPS, lo que llevó a que el juez Edward Chen interviniera con un bloqueo temporal. Su argumento fue claro: las personas afectadas “enfrentan una posible deportación inminente”. Sin embargo, el gobierno replicó que la decisión no era revisable por los tribunales, y esa interpretación fue la que prevaleció en la Corte.
¿Qué pasará con los permisos de trabajo?
Durante la breve extensión del TPS en enero, los permisos de trabajo asociados, bajo las categorías A12 y C19, fueron renovados automáticamente hasta fechas que oscilan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Con esta nueva decisión, la validez de esos documentos queda en duda, y su renovación dependerá del desenlace legal definitivo del caso.
Todo lo anterior crea un panorama incierto para decenas de miles de familias. Lo que está en juego va más allá de la legalidad; la posibilidad de perder el TPS o el parole humanitario impacta directamente la estabilidad de familias enteras, muchas de las cuales han residido durante años en EE. UU., han trabajado legalmente, pagado impuestos y echado raíces.
Aunque no hay una orden de deportación masiva inmediata, el temor ha vuelto a cernirse sobre los migrantes.
