Foto: Jorge Luis Borges
El proyecto de Ley de Memoria Democrática (LDM) fue aprobado este lunes en la Comisión Constitucional del Congreso, lo que otorga al gobierno español diez días más para negociar su aprobación definitiva en el pleno del próximo 14 de julio.
La LDM representa una actualización de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que facilitó a varios latinoamericanos, incluidos muchos cubanos, el acceso a la ciudadanía española.
Este nuevo proyecto también se presenta como una oportunidad para los hijos de ciudadanos españoles que no pudieron obtener esta categoría por haber alcanzado la mayoría de edad.
Fue en septiembre de 2021 cuando las esperanzas de muchos cubanos revivieron con la presentación del proyecto de LDM en el Congreso español.
Un mes después, las emociones aumentaron al anunciarse el cierre de enmiendas y que en diciembre de 2021 el gobierno presentaría las ponencias para su debate en el Congreso, con la posibilidad de aprobarse si se lograban los objetivos.
Sin embargo, el proyecto “se engavetó” al no contar con suficientes apoyos, dado que la oposición del Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos se unió al rechazo de Esquerra Republicana (ERC), que lo consideró insuficiente.
El pasado mes de junio, el proyecto fue reactivado una vez que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos acordaron posturas con otros partidos políticos menores.
Este lunes 4 de julio, el dictamen final de la ponencia de la nueva ley fue aprobado en una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con 19 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones de ERC.
El proyecto de ley recibió el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu, en contraste con el “no” del PP, Vox y Ciudadanos.
Según el diario español El País, “en el debate de la comisión, el Congreso se dividió nuevamente en dos bloques aparentemente irreconciliables. Los dos socios de la coalición y sus aliados (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, y en este caso Coalición Canaria) subrayaron la necesidad de actualizar algunos aspectos de la Ley de Memoria de 2007, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Vox rechazaron el proyecto y lo consideran una ‘bomba de humo’ para distraer de otros problemas de gestión del Ejecutivo, como la inflación.”
La Ley de Memoria Democrática, que podría ser aprobada en el Congreso el 14 de julio y llegar al Senado en septiembre, entraría en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, reconociendo a las víctimas del franquismo en su sentido más amplio.
“La norma permitirá, en teoría, la creación de una comisión de estudio compuesta por expertos e historiadores, que evaluará y presentará al Gobierno casos de personas que ‘lucharon por la democracia’ y sufrieron actos violentos entre 1978 y 1983, quienes no fueron consideradas víctimas en la Ley de Memoria Histórica”, añadió El País.
Aunque la mayoría de los cubanos desconoce el proceso legislativo español desde su presentación hasta su aprobación, es fundamental prestar atención a la evolución de este proyecto de ley, dada su relevancia para quienes desean realizar trámites de ciudadanía española en la isla.
Los elementos más relevantes que se incluyen en el proyecto de Ley y que resultan de interés para los cubanos son los siguientes:
– Las personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originalmente fueran españoles y que, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, renunciaron a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, conforme al artículo 20 del Código Civil.
– También podrán obtener la nacionalidad española los hijos e hijas de españolas que contrajeron matrimonio con extranjeros durante la dictadura y perdieron su nacionalidad.
– Igualmente, los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
En resumen, esta nueva disposición busca corregir errores y omisiones en el proceso de otorgamiento de nacionalidad contemplado en la Ley de Memoria Histórica de 2007.
