Texto: Hugo León
El fiscal Diego Luciani solicitó a principios de esta semana una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su alegato final en el juicio que se lleva a cabo desde mayo de 2019 contra la funcionaria.
Luciani argumenta que las razones son las supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante su gestión presidencial, que abarcó desde 2007 hasta 2015.
Además, pidió la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández para ejercer cargos públicos.
En concreto, la ex presidenta y actual vicepresidenta de la nación argentina está siendo investigada por presunta corrupción en la adjudicación de 51 obras públicas a un empresario cercano a ella en la región de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, y su propio mandato.
Por otro lado, Fernández de Kirchner goza de inmunidad política debido a sus cargos de vicepresidenta y presidenta del Senado.
Tras las manifestaciones de los fiscales en su contra, solicitó una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, argumentando que los fiscales incluyeron en sus acusaciones aspectos que nunca habían sido mencionados anteriormente, según indicó en su cuenta oficial de Twitter.
A su juicio, los fiscales habrían violado el principio de defensa en juicio, argumentando que no existen pruebas sólidas en el proceso oral y que las declaraciones de los testigos debilitaron la denuncia. Sin embargo, este pedido fue rechazado, según reportes de medios argentinos.
Mientras tanto, el gobierno de la nación albiceleste describió el proceso judicial contra Cristina como una persecución judicial y mediática.
Para que la sentencia se ejecute, esta debe ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que, incluso si Cristina de Kirchner es condenada, podría continuar en libertad e incluso postularse como candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
