Foto: JOHN MINCHILLO | AP
En la jornada de este miércoles, el gobierno cubano optó por abstenerse en las votaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se buscaba condenar el intento de Rusia de anexar territorios de Ucrania, los cuales fueron utilizados como justificación para que Moscú iniciara la invasión militar a Kiev.
La resolución de la ONU también hizo un llamado a que Rusia detenga de inmediato sus acciones. La votación entre los 193 miembros del organismo global resultó en 143 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, entre las cuales se incluían las de Cuba, Bolivia y Honduras.
Por otro lado, el gobierno nicaragüense votó en contra de esta resolución que critica el “intento de anexión ilegal” de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia, según se indicaba en el documento condenatorio.
Horas antes de la votación, las naciones occidentales llevaron a cabo una intensa campaña para asegurar el apoyo a esta resolución. Durante la plenaria, Siria, aliada de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú.
Además, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, declaró que “la resolución es un rechazo inequívoco a Rusia”. En un sentido similar, Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, comentó que “esta ha sido la manifestación de apoyo más sólida de la Asamblea General a Ucrania desde el inicio de la guerra”.
“La Asamblea General de la ONU ha enviado un mensaje contundente a Moscú. La mayoría abrumadora repudia los falsos referendos de Rusia en Ucrania”, afirmó Human Rights Watch.
La semana pasada, el gobierno cubano votó en contra de que la ONU ordenara el monitoreo de la represión de los opositores en Rusia a través de un Relator Especial. A pesar de las 24 abstenciones y los seis votos en contra provenientes de Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela, la resolución fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En este contexto, se nombró un relator especial encargado de supervisar “la situación de los derechos humanos” durante un período de un año, conforme a la propuesta de una gran cantidad de países miembros de la Unión Europea.
