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Texto: Hugo León
El nuevo Código Penal cubano, aprobado en mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular, empezó a regir el jueves primero de diciembre, generando opiniones encontradas entre las autoridades cubanas y organismos jurídicos independientes.
Según representantes del Tribunal Supremo Popular (TSP), se trata de un texto que, aunque riguroso, tiene un enfoque humanista, ya que propone alternativas a las sanciones privativas de libertad, aplicándolas principalmente en casos de mayor complejidad y gravedad que afecten a la sociedad.
Yanelis Ponce Téllez, magistrada de la Sala de lo Penal del TSP, declaró en julio pasado a la prensa estatal que el nuevo texto amplía el rango de sanciones principales y accesorias, incluyendo la reclusión domiciliaria, la prohibición de frecuentar ciertos lugares vinculados a las víctimas, el trabajo voluntario y la posibilidad de alternar la privación de libertad.
Las autoridades cubanas sostienen que la privación de libertad que conlleva internamiento debe ser la última opción, según sus declaraciones.
Además, el nuevo Código fortalece las condenas para los delitos más graves, como los que atentan contra la seguridad del Estado, homicidios, corrupción administrativa y delitos contra la propiedad estatal, según lo detallado por Ponce Téllez.
Quienes defienden el Código, incluidos el gobierno y sus simpatizantes, argumentan que el texto es «moderno» y «educativo», y actualiza el marco penal cubano al incluir delitos que previamente no estaban contemplados, como los medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género.
Sin embargo, organismos y medios de comunicación independientes y extranjeros, así como abogados y críticos del gobierno de La Habana, advierten sobre el endurecimiento de la norma legal, que a diferencia del Código de las Familias, no fue sometido a votación popular.
Entre las preocupaciones se encuentra el temor de que el nuevo Código limite la posibilidad de manifestaciones sociales, incluso las pacíficas que han tenido lugar en la isla en los últimos meses, así como el ejercicio del periodismo independiente y cualquier expresión crítica hacia el gobierno. El texto incluye 37 nuevos delitos, entre ellos el de desórdenes públicos.
Con el nuevo Código Penal, se incrementan los delitos pasibles de la pena de muerte y la cadena perpetua. Se introducen cuatro delitos que pueden ser castigados con la pena máxima, concentrando casi exclusivamente la posibilidad de aplicar esa pena en delitos relacionados con la seguridad del Estado.
Según la organización independiente Cubalex, existen cerca de 30 delitos que amenazan la libertad de expresión, y el uso del ciberespacio se convierte en un agravante de responsabilidad penal. Asimismo, se penaliza la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sostiene que los artículos del nuevo Código fueron elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías para la población.
Por otro lado, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, afirmó en mayo que el nuevo Código Penal es de suma importancia para fortalecer a Cuba como un Estado socialista de derecho.
En contraste, varios abogados cubanos señalan que el artículo 120 del nuevo Código establece explícitamente que se considera delito el intento de modificar cualquier aspecto de la Constitución cubana o su forma de gobierno, y argumentan que el texto general funciona como un escudo para el gobierno. Otros, como el jurista cubano Fernando Almeyda, sostienen que el Código legitima las acciones que el Estado ha llevado a cabo hasta ahora.
