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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) decidió posponer el debate y la aprobación de la Ley de Comunicación Social, según se dio a conocer este lunes durante uno de los encuentros del Parlamento cubano.
La versión 32 del anteproyecto de Ley fue presentada en julio pasado tras varios años de elaboración, pero el Consejo de Estado solicitó aplazar su aprobación debido a su “complejidad” y a los cambios recientes que no se habían comunicado completamente a los parlamentarios, tal como explicó Esteban Lazo, presidente de la ANPP.
Lazo comentó que esta “importante” normativa, la primera de su tipo en el país, podría ser debatida en febrero o marzo de 2023, tras incluir más opiniones de especialistas y ciudadanos.
En el anteproyecto se establece que la comunicación social es un elemento clave para el desarrollo económico y social del país. Además, se contempla la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, una entidad rectora estatal constituida el año pasado.
Las autoridades cubanas informaron que este Instituto “tiene la misión de dirigir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a promover la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”.
El anteproyecto de Ley de Comunicación también define la categoría de “medios fundamentales de comunicación social” como “instituciones mediáticas de carácter estratégico en la construcción del consenso y en la gestión participativa del desarrollo económico, social y cultural de la nación”.
Por otro lado, se establece que los “medios fundamentales” serán exclusivamente “propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas”, y no podrán ser objeto de otra forma de propiedad, tal como se establece en la Constitución de la República de Cuba.
Sin embargo, se reconoce la existencia de otros medios con un perfil editorial específico, aunque este reconocimiento es algo vago en el texto: “Estos medios pertenecen a instituciones y entidades del Estado, órganos locales del Poder Popular, organizaciones políticas, sociales y de masas, formas asociativas y otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos, los cuales tienen la obligación de inscribirlos en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas”.
Actualmente, hay diversas dudas respecto a esta categorización de medios que no son “fundamentales”, especialmente porque se mantiene en la ilegalidad a los medios que surjan o existan de manera “independiente” de las instituciones estatales de la isla.
Como parte del texto, se incluyen prohibiciones relacionadas con contenidos “que hagan propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos”. También se prohíben aquellos que busquen “desestabilizar el Estado socialista de derecho”.
Entre otras legislaciones aprobadas recientemente se encuentra el nuevo Código Penal de Cuba, cuyo texto contempla sanciones de hasta tres años de cárcel para “quien difunda noticias falsas con el objetivo de perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano”.
