Texto: Hugo León
El juicio en el Tribunal de Londres contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba por una deuda pendiente de 72 millones de euros concluyó este jueves tras siete días de audiencias, dejando la decisión en manos de una jueza británica que podría tardar meses en emitir su fallo.
La magistrada Sara Cockerill, perteneciente a la división mercantil de la Alta Corte, enfrenta un reto complicado, según han señalado expertos en la materia. De hecho, la jueza advirtió al finalizar la audiencia del jueves que “no deben esperar escuchar de ella muy pronto” debido a la complejidad técnica del caso, que involucra aspectos del derecho inglés y cubano.
Su decisión se centrará en determinar si el fondo de capital de riesgo CRF I Limited adquirió legítimamente los derechos que reclama sobre una fracción de la deuda cubana, lo que lo certificará como tenedor legal de los bonos que anteriormente eran gestionados por el ICBC Standard Bank, y le concedería el derecho a exigir el pago de la deuda.
La reclamación fue presentada en 2020 por la firma de inversores CRF I Ltd., con sede en Gran Caimán, y asciende actualmente a alrededor de 72 millones de euros, una pequeña porción de los casi mil 500 millones de dólares que Cuba debe a este grupo.
Por su parte, la parte cubana argumenta que la firma de inversiones es un “fondo buitre” y no reconoce su condición de acreedor legítimo, alegando que han recurrido a mecanismos ilegales para presentarse como tales.
Adicionalmente, destacan que estos métodos ilegales también dieron lugar a serias irregularidades cometidas por funcionarios del banco cubano.
Lo que se está enjuiciando no es si Cuba tiene que pagar la deuda o no, sino si el grupo de acreedores tiene autoridad para reclamar la deuda ante el Tribunal Superior en Londres.
No obstante, expertos en la materia indican que el monto de la demanda no es lo más relevante. Según ellos, si CRF-I Ltd. gana el juicio, esto podría abrir la puerta a futuros litigios por miles de millones de dólares en préstamos concedidos a Cuba durante el mandato de Fidel Castro, antes de que él considerara que esos préstamos estaban en default y que la deuda de Cuba y del mundo era simplemente impagable.
Una vez que se haga público el resultado del juicio, las partes tendrán la posibilidad de apelar la decisión, lo que sugiere que la batalla legal será extensa.
De acuerdo con el ministro de Justicia cubano, Óscar Manuel Silvera Martínez, quien viajó a Londres para el cierre del juicio, la postura de Cuba permanece inalterada y señala que el fondo intenta utilizar una reclamación judicial que perjudique a Cuba para obstruir el libre flujo de fondos hacia y desde la isla, así como bloquear el acceso del país a los mercados financieros internacionales.
Los abogados designados por Cuba argumentan que la transferencia de obligaciones de los prestamistas originales a CRF I Ltd. no cumple con los acuerdos establecidos por el gobierno cubano al contraer la deuda, señalando la participación fraudulenta de Raúl Olivera, un funcionario cubano encarcelado por autorizar dicha transferencia.
Por otro lado, el equipo legal de CRF I Limited sostiene que la operación realizada por Lozano fue legal y conforme a las normas, subrayando la experiencia de casi 40 años del funcionario en su labor.
Además, recordaron que desde 2013 han intentado negociar con Cuba la reestructuración de la deuda, una oferta que aún mantienen pero que nunca ha recibido respuesta por parte cubana.
Una arista menos abordada por los medios estatales cubanos, pero que frecuentemente aparece en la prensa no oficial, es la relacionada con los numerosos activistas y ciudadanos que se manifestaron diariamente frente al lugar del juicio, exigiendo que el gobierno cubano cumpla con sus deudas e increpando al equipo de la isla, incluido el presentador Humberto López, quien formó parte de la delegación en Londres.
