Foto: archivo | CN360
Texto: Hugo León
Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, convocó a Benjamin Ziff, Encargado de Negocios de los Estados Unidos, a la sede de la Cancillería de la isla el 27 de febrero, con el propósito de manifestar formalmente la posición de Cuba sobre el otorgamiento de asilo político al piloto que arribó a suelo estadounidense a bordo de un An-2 sustraído.
Rubén Martínez Machado, el ciudadano cubano que secuestró la aeronave de la que era piloto, llegó a Florida el 21 de octubre de 2022 y ha estado a la espera de juicio por parte de las autoridades estadounidenses. Cuba había solicitado su deportación, pero esta no se concretó, ya que se le concedió el permiso para permanecer en el país que alcanzó con el avión.
En una declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), se indicó que el Encargado de Negocios estadounidense en Cuba fue convocado para “transmitir formalmente la enérgica protesta de Cuba” en respuesta a la decisión de Washington.
Según el comunicado, el Minrex había solicitado en cuatro notas verbales anteriores la devolución tanto del autor de este acto de piratería aérea como de la aeronave, que pertenece a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA).
La Cancillería explica en las notas y en la declaración actual que los actos de piratería aérea son delitos definidos en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y Estados Unidos, y que este incidente representa una violación del espacio aéreo, así como de la seguridad operativa y las regulaciones aeronáuticas cubanas, en concordancia con lo establecido en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
El comunicado añade que la impunidad ante acciones de esta índole constituye un precedente negativo y peligroso.
Según los diplomáticos cubanos, otorgar asilo político a una persona que secuestró una aeronave con el fin de emigrar también equivale a una violación de lo estipulado en la Declaración Conjunta sobre asuntos migratorios, firmada por Washington y La Habana en 2017.
La declaración del Minrex recuerda que la historia de la piratería aérea fomentada y tolerada por Estados Unidos con propósitos de desestabilización y hostilidad política hacia Cuba es bien conocida y ha tenido consecuencias muy negativas y sensibles.
El texto concluye subrayando que “el Minrex condena esta decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y promotores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, si se toleran y protegen, podrían fomentar actos ilícitos similares con repercusiones adversas para la seguridad nacional de ambos países.”
La decisión de Washington se hace pública al mismo tiempo que la administración de Joe Biden incluye a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, y justo cuando una delegación de alto nivel del gobierno cubano visitará instalaciones portuarias en Estados Unidos como parte de los esfuerzos conjuntos por la seguridad marítima.
