Resulta notable el encuentro del reelecto gobernante cubano Miguel Díaz-Canel este miércoles con representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en un contexto de crisis generalizada que atraviesa la Isla.
Como parte de los encuentros con diversos sectores tras su ratificación en el cargo la semana pasada, el presidente cubano decide llevar a cabo este diálogo con la Iglesia, desde el Palacio de la Revolución.
La voz oficialista del diario Granma subraya que el debate se enfocó en temas «relacionados con la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país, el fortalecimiento de valores en la sociedad, entre otros asuntos de interés común», sin ofrecer muchos detalles.
Asimismo, se hace mención del clásico consignismo sobre el clima de respeto mutuo de la reunión, así como “la correspondencia con la política de la Revolución hacia la religión y los creyentes y la plena libertad religiosa consagrada en la Constitución de la República de Cuba”.
Algo que resulta cuestionable, por supuesto.
Otras fuentes que han informado sobre el evento mencionan el tema de la excarcelación de presos políticos, especialmente aquellos condenados por las manifestaciones del 11-J, lo cual probablemente fue parte del análisis durante la reunión.
El Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana; el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de Holguín-Tunas, entre otros representantes del ente episcopal, fueron algunos de los asistentes al encuentro.
Por la parte gubernamental, estuvieron presentes Díaz-Canel, acompañado del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz; el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández; el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes; la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, Caridad Diego Bello; y otros.
Meses después de los acontecimientos del 11-J, en noviembre de 2021, la Conferencia de Obispos Católicos hizo un llamado para evitar la confrontación violenta en la isla y favorecer un clima donde cada cubano pudiera expresarse «sin exclusiones ni marginaciones».
Todo esto podría haber sido un buen preludio de la Marcha Cívica por el Cambio, programada para el 15N, la cual no se pudo llevar a cabo debido a un aumento del clima represivo y la propaganda gubernamental en contra de los impulsores de la iniciativa.
Al gobierno poco le importó el llamado de los católicos y reprimió la iniciativa.
Los obispos, en ese momento, señalaron: «Consideramos que urge, cada vez más, la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos; que tenga en cuenta las diferencias, sin exclusiones ni marginaciones». Poco ha cambiado en más de un año.
En este contexto, el cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco, se reunió con funcionarios cubanos, incluido el gobernante, en enero de este año.
Y aunque el gobierno se comprometió a escuchar los reclamos de la Iglesia, incluyendo los del propio Francisco sobre la libertad de los presos políticos en Cuba, la realidad está muy lejos de ello.
