Foto: Periódico Escambray
En la provincia de Sancti Spíritus, se denunciaron siete casos de corrupción administrativa durante el año 2022, según informó el periódico estatal Escambray.
Durante ese período, las autoridades locales identificaron estos siete delitos, la mayoría de los cuales ocurrieron en las entidades de Comercio y Gastronomía (4), seguidas por Educación (2) y Servicios Comunales (1).
De acuerdo con el reportaje de Escambray, estos incidentes provocaron un impacto económico de casi 700,000 pesos cubanos (CUP), de los cuales solo se logró recuperar el 54.9%.
En términos de localización, la mayoría de los casos se registraron en el municipio cabecera de Sancti Spíritus, con un total de seis incidentes, específicamente en los Servicios Comunales, en la tienda de víveres El Polaquito, en el mercado Ideal La Casiguaya, en la bodega Casa Félix, en la escuela secundaria 23 de Diciembre y en el politécnico Ernesto Guevara.
El séptimo caso fue descubierto en la Unidad La Campeona, de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, ubicada en el municipio de Yaguajay.
El medio citado agregó que las principales causas de estos actos fueron las fallas en las normas básicas del sistema de control interno, así como la erosión de los valores éticos y morales.
Además, recordaron que en 2021, esa provincia reportó diez incidentes de esta clase. Sin embargo, no se mencionó el impacto que estos tuvieron en la economía local.
En relación con los siete sucesos ocurridos este año, Escambray destacó el caso del mercado Ideal La Casiguaya, donde, a finales de 2022, su administradora y otro trabajador del centro malversaron 2,004 pomos de ron.
El reporte indicó que la venta del ron en la unidad se registró a un precio oficial de 92 CUP, pero en realidad se comercializó ilegalmente a un precio más alto en el mercado negro.
El Departamento Provincial de Procesos Penales de la Fiscalía de la región descubrió que, a través de un entramado de facturas falsas, los implicados se apropiaron de un total de 252,790 CUP.
Finalmente, se mencionaron las condenas imponibles a los infractores, siendo la administradora de La Casiguaya sentenciada a nueve años de privación de libertad y el técnico B en Gestión Económica de la misma unidad a seis años. Según la Fiscalía Provincial, el proceso sigue en espera de resolver el recurso de casación interpuesto por ambas partes ante el Tribunal Supremo Popular, sin que la sentencia sea aún firme.
