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La apelación del Gobierno de Cuba para revertir el veredicto en el juicio de abril pasado, donde se establecería si el fondo de inversión CRF I era un acreedor legítimo del Estado cubano y del Banco Nacional de Cuba (BNC) por una suma que asciende a 72 millones de euros, fue rechazada por la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres.
En este contexto, se determinó que existían fundamentos legales para que el mencionado fondo pudiera demandar al BNC por el impago de esa deuda, “pero no para considerar al grupo de inversores como acreedor del Estado cubano por los préstamos otorgados en 1984 por los bancos europeos Crédit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano, a través del BNC”, según detalla un comunicado de prensa.
Se menciona entonces un “importante avance en su batalla legal en curso”, que ofrece la “decisión original de la corte a favor de CRF I” y “limita las opciones defensivas del Gobierno de Cuba, mejorando significativamente la posición de CRF en el caso”.
Sin embargo, esto no se detiene aquí. En el comunicado de prensa se expone “un movimiento sin precedentes: el Banco Industrial y Comercial de China, a través de su filial británica ICBC Standard Bank”, lo que ha desencadenado el inicio de “un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1100 millones de euros”.
Para Cuba, el CRF I es considerado un fondo buitre. Se reveló, además, que “esta acción sigue a la significativa presión de CRF para que ICBC proteja sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF. La decisión del ICBC de litigar contra Cuba representa un importante avance para CRF y añade otra dimensión a los crecientes desafíos legales”.
El gobierno de la isla, por su parte, reembolsó a CRF por los costos legales ordenados por el tribunal tras la victoria inicial de CRF en el Tribunal Superior del Reino Unido, de acuerdo con el grupo inversor, y esta compensación reconoce la validez de los reclamos de CRF.
Ni la cúpula comunista cubana ni las entidades financieras de la isla involucradas en el proceso han emitido comunicado alguno tras esta decisión.
CRF I, registrado en Islas Caimán, fue creado para invertir en deuda soberana de Cuba impagada; su cartera de bonos alcanzaba en 2017 los 1200 millones de euros (1.300 millones de dólares al cambio actual).
