Foto: CubanoslibresUY | Twitter
Ante el masivo éxodo de cubanos, los destinos a los que pueden llegar se han diversificado. Uruguay ha emergido como uno de estos nuevos destinos, destacándose hasta ahora por tener una de las rutas más estables y relativamente seguras en términos legales. Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos meses.
Muchas familias cubanas que aspiran a obtener residencia en el país sudamericano se enfrentan a un panorama incierto, debido a que el gobierno ha implementado nuevos requisitos de visa que pueden resultar complejos de cumplir.
De acuerdo con la legislación uruguaya, en cualquier momento, los solicitantes de asilo pueden transitar de solicitar la condición de refugiado a obtener una visa de residencia permanente, siempre que cuenten con la documentación necesaria.
Desde principios de este año, migrantes y grupos de derechos han alertado que el gobierno uruguayo comenzó a aplicar nuevas regulaciones para la residencia permanente, exigiendo que los solicitantes presenten sellos de entrada y salida en el pasaporte de Brasil.
Este último requerimiento se convierte en un obstáculo para un número considerable de cubanos que ingresaron a Brasil de manera irregular a través de la frontera terrestre. Según Alberto Gianotti, fundador de la ONG uruguaya Red de Apoyo al Migrante, esta nueva exigencia ha dejado en un limbo migratorio a alrededor de 10,000 cubanos.
“Entraron y salieron de Brasil de manera irregular, ingresaron a Uruguay, tienen documentos por su solicitud de refugio, y cuando desean cambiar su estatus migratorio renunciando al estatus de refugiado, se les exige cumplir un requisito que es imposible para ellos”, declaró Gianotti a la cadena Al Jazeera, sugiriendo que se debería eliminar la exigencia de los sellos en el pasaporte.
Según Alicia Schiavo, funcionaria fronteriza en Rivera, aproximadamente 1,000 migrantes por mes han llegado al cruce desde enero, siendo la gran mayoría de Cuba. Muchos de ellos se encuentran ahora en ese limbo legal.
Para ambos expertos, el problema trasciende la inmigración y demanda la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para buscar una solución integral y que sea legalmente vinculante.
