Texto: Mónica Fernández
La pregunta de cómo aborda Cuba la violencia de género fue el enfoque central de la Mesa Redonda realizada el miércoles pasado. En esta ocasión, contaron con la participación de representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
Dos factores parecen haber impulsado la organización de esta Mesa Redonda. En primer lugar, coincidió con el inicio del análisis por parte de los diputados cubanos de los anteproyectos de leyes relativas a los Tribunales de Justicia, el Proceso Administrativo, el Código de Procesos y el Proceso Penal, los cuales serán presentados en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En segundo lugar, fue el escenario adecuado para anunciar la futura presentación al Consejo de Ministros de la “Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar”, que, si se aprueba, será publicada como decreto o decreto-ley en el futuro.
La pregunta sobre la posibilidad de que exista en algún momento una ley integral contra la violencia hacia la mujer quedó sin respuesta en dos ocasiones. La magistrada del Tribunal Supremo, Dra. Rufina Hernández, insinuó que la legislación actual, si incluye un enfoque de género, sería suficiente.
La postura oficial del gobierno cubano en sus informes a las Naciones Unidas durante las últimas dos décadas ha sido consistente: Cuba no necesita una ley específica contra la violencia de género porque el Código Penal ya contempla penas para los delitos que engloba. La Mesa Redonda de este 17 de junio reafirmó que esta visión no ha cambiado.
La magistrada se mostró en contra de lo que denomina “populismo penológico”, refiriéndose al uso del derecho con fines políticos para satisfacer demandas ciudadanas, utilizado por gobernantes que buscan perpetuarse en el poder.
No obstante, existe una definición distinta de lo que se considera “populismo penal”. Según el abogado constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats, es una estrategia de actores políticos que, en apariencia, busca resolver problemas relacionados con el crimen y la inseguridad mediante medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero” contra infractores, aun en delitos menores, sabiendo que son respuestas inapropiadas que “tranquilizan” a la ciudadanía.
En este contexto, resulta interesante que la Dra. Rufina Hernández califique como populismo penológico la demanda de una ley integral contra la violencia hacia la mujer, cuando en el último año se han aprobado medidas que, a la luz de la definición de Prats, reflejan esta misma tendencia, como por ejemplo, los juicios expeditos o las severas multas por no usar mascarilla. A diferencia de lo que sostiene la Dra. Hernández, la propuesta de ley integral presentada por la ciudadanía no solo abogaba por la penalización de la violencia, sino que también enfatizaba la necesidad de prevención y protección.
Más en línea con esta idea parece estar la “Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar” que la secretaria ideológica de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaida Hernández, presentó durante la Mesa Redonda. Su estructura se compone de 10 apartados: comunicación, educación, formación continua, prevención, atención, protección, legislación, estadística, investigación y seguimiento. Pero, ¿es esta una nueva propuesta? Recordemos que en 1997 se estableció el Grupo de Trabajo de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, liderado por la Federación, con el objetivo de crear un plan nacional contra la violencia intrafamiliar. Dado que no hay información pública disponible sobre ese plan, ¿es esta nueva estrategia integral una actualización del proyecto que se prometió hace 24 años?
Adicionalmente, resulta notable que durante la Mesa Redonda se abordara la necesidad de contar con estadísticas más claras sobre la violencia de género en el país.
En la tarea #67 del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, publicada como decreto-ley del Consejo de Estado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 5 de mayo de 1997, se instaba a los ministerios de Justicia, Salud Pública, del Interior, Economía y Planificación, y el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como al Tribunal Supremo Popular, a «crear bases que permitan controlar y desglosar datos por sexo, edad y parentesco sobre las víctimas y los autores de todas las formas de violencia contra la mujer, y aquellas que afectan el normal desarrollo de la infancia y la juventud».
¿Cómo es posible que dos décadas después aún no existan estadísticas claras, si la ley indicó su elaboración?
Este escenario podría comprenderse mejor al referirnos al informe de 1999, publicado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy. Tras su visita a Cuba, ella afirmó: «En cuanto al problema específico de la violencia contra las mujeres (…) Se argumenta que los principios ideológicos del socialismo previenen la violencia, a diferencia de lo que ocurre en los países capitalistas (…) A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, el poder legislativo se mantiene firme en que no hay que hacer nada respecto a la violencia contra las mujeres y que no es necesaria una nueva legislación. El poder judicial también se mostró satisfecho con la situación actual. Esta percepción de que todo está bien y de que no hay que hacer nada resulta desconcertante. Delitos como la violencia doméstica y el acoso sexual permanecen como delitos «invisibles»».
Además, ese mismo año, en la evaluación parcial del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, Cuba declaró en su informe a Naciones Unidas que: «La mayor manifestación de violencia contra la mujer y la familia cubana es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos», un discurso que se mantiene vigente hasta hoy.
En ese mismo documento se menciona que la Federación de Mujeres Cubanas trabajaba a nivel comunitario junto a los Comités de Defensa de la Revolución para prevenir la violencia, algo que durante la Mesa Redonda fue enfatizado como una iniciativa novedosa bajo el término “prevención social”.
Ni siquiera las estadísticas proporcionadas durante la transmisión en línea por la directora de procesos penales de la Fiscalía General de la República, Lysnay Medero, ofrecieron nuevos datos sobre la violencia en Cuba. Si revisamos el último reporte presentado por Cuba ante la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer en 2011, encontramos información similar a la compartida por Medero: el hogar es donde ocurren más de la mitad de los casos de violencia, predominando la violencia psicológica.
Desde 2006, Cuba reconoció la necesidad de contar con albergues (algo que 15 años después sigue sin ser una realidad), y también se admitió que «en las mujeres que denunciaron el maltrato la agresión no desapareció, y en algunas se incrementaron los actos violentos luego de la denuncia».
Uno de los comentarios recibidos durante la transmisión en línea de la Mesa Redonda provenía de una usuaria que afirmó que en no pocas ocasiones, la policía se niega a aceptar denuncias de violencia a menos que la mujer presente lesiones evidentes.
Entonces, ¿hay voluntad política para proteger a la mujer cubana de la violencia? La respuesta oficial es que sí. Sin embargo, lo que es evidente es que la institucionalidad cubana sigue atascada en las mismas respuestas y soluciones de hace más de veinte años. Al menos, en la reciente Mesa Redonda no se ofreció nada nuevo.
