Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
En un primer día de gestión que resultó ser contundente y altamente mediático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que revoca una de las últimas decisiones de su predecesor, Joe Biden: la exclusión de Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.
Este movimiento señala el regreso a una política más estricta hacia la isla y revoca 78 acciones ejecutivas realizadas por Biden durante su administración.
La polémica decisión de Biden tiene sus raíces en un acuerdo facilitado por el Vaticano, en el cual La Habana se comprometía a liberar a prisioneros considerados “injustamente detenidos” por Estados Unidos.
Hasta el pasado domingo, según informes de medios internacionales, 130 prisioneros políticos habían sido liberados como parte de la promesa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de excarcelar a más de 553 detenidos. Sin embargo, la acción de Trump deja en suspenso el futuro de estas liberaciones.
Además, el mandatario republicano ha restablecido un memorando de su primer mandato que impone sanciones a empresas militares cubanas, deshaciendo la decisión de Biden de eliminar estas restricciones. Esta serie de movimientos refuerza la postura de Trump sobre la influencia política tras la lista de patrocinadores del terrorismo.
El debate sobre la inclusión de Cuba en esta lista no es una cuestión nueva. Desde su primera inclusión en 1982, bajo el gobierno de Ronald Reagan, el país ha estado en una constante oscilación dependiendo de las dinámicas políticas.
Por ejemplo, Barack Obama la retiró en 2015 como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones diplomáticas, mientras que Trump la reincorporó al final de su primer mandato, justificándolo por la protección a fugitivos estadounidenses y guerrilleros colombianos.
A pesar de que la administración de Biden había tenido en cuenta factores como la solicitud del presidente colombiano, Gustavo Petro, para guiar su decisión, el impacto de la orden ejecutiva de Trump plantea interrogantes sobre si el gobierno cubano seguirá liberando prisioneros políticos.
En el ámbito diplomático, las autoridades cubanas, que habían lanzado campañas para salir de la lista, critican la acción de Trump como un acto político que agrava las dificultades económicas y sociales en la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, había señalado que estas decisiones apresuradas podrían deslegitimar el propósito de la lista, al ser vistas como impulsadas por intereses políticos en lugar de por auténticas preocupaciones de seguridad.
El retorno a políticas más severas contra Cuba abre un nuevo capítulo de tensión en las relaciones bilaterales, cuyo impacto se sentirá tanto en el ámbito político como en la vida cotidiana de los cubanos.
